Londres.- Cuando se cumple un año del día en que una misión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los grupos armados palestinos habían cometido crímenes de guerra, posibles crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves del derecho internacional durante el conflicto de 2008-2009 en Gaza y el sur de Israel, Amnistía Internacional ha condenado el hecho de que siga sin haber una rendición de cuentas, y ha advertido que las esperanzas de las víctimas de obtener justicia penden de un hilo.
Durante su actual periodo de sesiones, que se inició el lunes, está previsto que el Consejo de Derechos Humanos estudie el informe del comité de expertos designado por el propio Consejo en marzo de 2010 para examinar qué medidas habían tomado tanto el bando israelí como el palestino para investigar los delitos presuntamente cometidos por sus fuerzas, y cuáles habían sido el alcance y la efectividad de estas investigaciones.
Amnistía Internacional cree que el Consejo también debe estudiar si ha llegado el momento de buscar solución en la justicia internacional, especialmente si, como parece inevitable según la propia valoración de Amnistía Internacional sobre la investigación, el comité de expertos informa de que ninguno de los dos bandos ha realizado investigaciones adecuadas o ha tomado medidas para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos cometidos por sus fuerzas.
El informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza, encabezada por el juez Richard Goldstone, recomendó que se diera al gobierno de Israel y a las autoridades pertinentes de la Franja de Gaza un plazo de seis meses para realizar investigaciones de buena fe. Como respuesta, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU pidieron a las autoridades tanto israelíes como palestinas que llevaran a cabo investigaciones independientes, creíbles y que cumplieran las normas internacionales.
Sobre la base de la información de que dispone actualmente, la valoración de Amnistía Internacional es que tanto las autoridades israelíes como el gobierno de facto de Hamás han incumplido su obligación de llevar a cabo esas investigaciones y demostrar el compromiso de procesar a los autores de delitos contemplados por el derecho internacional. Si el Comité de Expertos confirma esta valoración, el Consejo de Derechos Humanos debe concluir que ambas autoridades han perdido su oportunidad de garantizar por medios nacionales la rendición de cuentas para las víctimas del conflicto, y debe respaldar las soluciones que ofrece la justicia internacional, incluida la posible participación de la Corte Penal Internacional (CPI).
Aunque ni Israel ni la Autoridad Palestina han ratificado el Estatuto de Roma de la CPI, el 22 de enero de 2009 el ministro de Justicia palestino, en nombre de la Autoridad Nacional Palestina, envió a la CPI una declaración por la cual aceptaba la jurisdicción de la Corte respecto a los delitos “cometidos en el territorio palestino desde el 1 de julio de 2002”. Esta declaración abarcaría todos los delitos documentados en el informe de la Misión de Investigación.
Varios destacados expertos en derecho internacional han manifestado su opinión de que, aunque la categoría de Palestina como Estado es una cuestión en disputa, la Autoridad Palestina tiene derecho a hacer esa declaración.
Si el informe del comité de expertos confirma que las autoridades locales no pueden o no quieren investigar y enjuiciar realmente los delitos, el fiscal de la CPI debe pedir una determinación judicial oficial sobre si la Corte tiene competencia sobre esos delitos. Si es así, el fiscal debe pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorice sin demora una investigación. Si la Sala de Cuestiones Preliminares determina que el fiscal de la CPI no puede actuar a partir de la declaración de la Autoridad Palestina, el Consejo de Seguridad de la ONU está facultado para remitir la situación al fiscal de la CPI.
Además, independientemente de las conclusiones del comité de expertos y de la posible competencia de la CPI para investigar los delitos, Amnistía Internacional señala que, en virtud del derecho internacional, todos los Estados pueden ejercer la jurisdicción universal respecto a los delitos contemplados por el derecho internacional cometidos durante el conflicto. Por consiguiente, las personas contra las que existan indicios de implicación en crímenes de guerra u otras violaciones graves del derecho internacional deben ser detenidas y juzgadas si entran en un Estado que ejerza la jurisdicción universal.
Información complementaria En los 22 días de conflicto entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, unos 1.400 palestinos y 13 israelíes murieron. Tres de las víctimas israelíes y cientos de las palestinas eran civiles.
El informe emitido el 15 de septiembre de 2009 por la Misión de Investigación, encabezada por el juez Richard Goldstone, reconocido jurista sudafricano, documentó una serie de violaciones graves cometidas por las fuerzas israelíes, entre ellas ataques a instalaciones de la ONU, bienes e infraestructuras civiles, y centros y personal médicos, así como incidentes en los que numerosos civiles murieron o resultaron heridos a consecuencia de operaciones militares imprudentes, desprecio por las vidas civiles y ataques indiscriminados que no distinguían entre blancos civiles y militares. El informe decía también que el lanzamiento de cohetes indiscriminados por parte de Hamás y otros grupos armados palestinos desde Gaza contra el sur de Israel constituía un crimen de guerra.
La resolución 13/9, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 25 de marzo de 2010, pedía al secretario general de la ONU que presentara al 15º periodo de sesiones del Consejo (del 13 de septiembre al 1 de octubre de 2010) un informe detallado sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones de la Misión de Investigación por todas las partes implicadas. En agosto de 2010, el secretario general pidió que la alta comisionada para los derechos humanos entregara al comité de expertos del Consejo los documentos recibidos de las misiones israelí y palestina de la ONU sobre las investigaciones nacionales. El segundo seguimiento del secretario general al informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza no incluía material del gobierno de facto de Hamás, ni realizaba una valoración sustancial sobre lo adecuado de las investigaciones israelí y palestina.
