Madrid.- Con motivo de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará los próximos días 14 y 15 de octubre en Salamanca, Amnistía Internacional quiere expresar nuevamente su preocupación por uno de los problemas que afectan a todos los países participantes en dicha cumbre: la impunidad. A través de leyes de punto final, o iniciativas como la recientemente aprobada ley de Justicia y Paz colombiana, se está evitando que se ponga en manos de la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos. Igualmente, la presión por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre algunos países latinoamericanos para firmar acuerdos bilaterales de impunidad sobre ciudadanos estadounidenses pone en riesgo el funcionamiento del Tribunal Penal Internacional. Amnistía Internacional se opone a cualquier tipo de medida que suponga la amnistía de los autores de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra hasta que se determine y se conozca la verdad sobre esos crímenes, hasta que a las víctimas se les proporcione la reparación a la que tienen derecho o hasta que concluyan los procesos judiciales con sentencias claras de culpabilidad o inocencia. Por ello, la organización de derechos humanos pide a los estados latinoamericanos que apoyen la consolidación del Tribunal Penal Internacional. De los 99 estados que ya han ratificado el Estatuto de Roma que establece este tribunal internacional, 13 son de América Latina. Estados Unidos ha estado durante los últimos años presionando a los gobiernos de la región para que firmaran acuerdos de inmunidad ilegítimos que impidan la entrega de ciudadanos estadounidenses al Tribunal Penal Internacional. En el 2004 Estados Unidos recortó la ayuda militar a 10 de los 12 países que se negaron a suscribir acuerdos de esta naturaleza. En noviembre 2004, el Congreso estadounidense amenazó con cortar la ayuda al desarrollo a los países que se negaran a firmar. La impunidad para la violación de derechos humanos “Los países que mantienen en vigor leyes de amnistía por violaciones de derechos humanos del pasado, o los que apuestan por nuevas iniciativas que fomentan la impunidad, están enviando un peligroso mensaje al resto del mundo: los abusos contra los derechos humanos están permitidos. Es fundamental que los países asistentes a esta cumbre aborden las cuestiones de derechos humanos aún no resueltas como la impunidad”, ha afirmado Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional. La impunidad tiene habitualmente su origen en la falta de voluntad política, lo que a su vez se deriva a menudo del hecho de que ha sido el propio Estado o sus instituciones, como el ejército, el que ha cometido, fomentado o consentido esas violaciones. La impunidad puede también deberse a que los gobiernos no consideran la defensa de los derechos humanos como parte fundamental de sus programas políticos nacionales. Cualquiera que sea la causa, la impunidad significa en última instancia la negación de la justicia para las víctimas y crea el clima adecuado para que los individuos puedan seguir cometiendo violaciones sin temor a ser arrestados, a ser procesados, a ser castigados. Perpetuación de la impunidadChile. El Decreto Ley 2191 de 1978 de Amnistía no sólo sigue en vigor sino que incluso se ha aplicado en el 2005 en el caso de la desaparición de Diana Arón Sbigilsky. En agosto 2004 la Corte Suprema de Justicia de Chile levantó la inmunidad procesal del ex presidente Augusto Pinochet, permitiendo que se iniciaran juicios en su contra por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la «Operación Cóndor», un plan conjunto de los gobiernos militares del Cono Sur para eliminar a sus oponentes durante las décadas de los setenta y los ochenta. El 13 de diciembre un juez ordenó el procesamiento y arresto domiciliario de Augusto Pinochet por nueve cargos de secuestro y uno de asesinato y el día 20, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la orden. Los abogados que representaban a Augusto Pinochet interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema. Lamentablemente, el 25 de enero 2005 la Corte Suprema de Justicia Chilena emitió una resolución según la cuál los investigadores judiciales tendrán un plazo máximo de seis meses para concluir las indagaciones en casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar encabezado por Augusto Pinochet. Violaciones que incluyen, entre otras, la desaparición forzada de más de 1.000 personas y la tortura sistemática de más de 25.000. Esta decisión supuso un grave revés a los progresos que en materia de lucha contra la impunidad se habían efectuado en ese país durante los últimos años. Debido a presiones internas e internacionales, la decisión fue indefinidamente suspendida en mayo. El 7 de junio 2005, la 4ª Sala de Apelaciones de Santiago revocó el procesamiento de Augusto Pinochet por los casos de la Operación Cóndor por razones de salud. Colombia. Durante el 2005 se ha dado un paso atrás muy preocupante en materia de derechos humanos mediante la adopción de una nueva normativa que consolidará la impunidad ya existente. El 21 de junio el Congreso colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz, que el gobierno ratificó en julio, aparentemente para facilitar la “desmovilización” en curso de los paramilitares respaldados por el ejército. En teoría, esta ley está concebida para ser aplicada también a los guerrilleros que deseen desmovilizarse. La Ley de Justicia y Paz otorga ventajas procesales, como penas de prisión considerablemente reducidas, a miembros de grupos armados ilegales que han participado en abusos contra los derechos humanos y han aceptado desmovilizarse. Esta ley sólo concede un plazo de 36 horas a los investigadores judiciales para presentar cargos contra los sospechosos y establece solamente un periodo de 60 días para investigar un caso, aunque esté relacionado con crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Plazos tan limitados como los que establece esta legislación abren la puerta al sobreseimiento de las investigaciones. En estos momentos se está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley. Avances en la lucha contra la impunidadArgentina. El 14 de junio 2005 la Corte Suprema de Justicia Argentina declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, una decisión histórica que abre el camino hacia la verdad y la justicia en el país. Estas leyes intentaron institucionalizar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad -incluyendo casos de secuestro, “desaparición” forzada y tortura- cometidos durante los gobiernos militares en la Argentina, entre los años 1976 y 1983. El informe publicado en noviembre de 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), catalogó 8.960 casos de “desapariciones”, durante los gobiernos militares que dirigieron el país entre 1976 y 1983, señalando que la cifra verdadera podría ser mayor aún. Organizaciones de derechos humanos en Argentina han estimado en 30.000 el número de victimas. Peticiones de Amnistía Internacional Amnistía Internacional insta a los estados latinoamericanos a que: · Aquellos países que mantienen las leyes de amnistía, las deroguen, y dejen de lanzar mensajes de que los abusos de los derechos humanos están permitidos. · Tomen medidas concretas para poner fin a la impunidad y mejorar el respeto a los derechos humanos. · Ratifiquen y accedan al Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional e implementen en sus propias legislaciones las disposiciones de dicho estatuto. · Ratifiquen y accedan al Acuerdo de Privilegios e Inmunidades del Tribunal Penal Internacional. · Rehúsen suscribir cualquier acuerdo bilateral de impunidad que eluda la competencia del Tribunal Penal Internacional y, en aquellos casos en que un acuerdo de ese tipo haya sido suscrito, los parlamentos no deben prestar su asentimiento a los mismos.
La impunidad por violaciones de derechos humanos debilita las democracias latinoamericanas
- Amnistía Internacional pide a la Cumbre que consolide el Tribunal Penal Internacional
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