Amnistía Internacional insta a que se dote de fondos y se ponga en funcionamiento rápidamente el Fondo para Pérdidas y Daños, de carácter internacional, cuya finalidad es remediar los daños a los que se enfrentan las comunidades más afectadas por el cambio climático, después de que los Estados de ingresos altos que son los principales responsables de la crisis climática hayan dejado pasar el plazo para presentar a sus candidatos/as para representantes del Consejo del Fondo.
Después del año más cálido registrado hasta el momento en todo el mundo, la necesidad de actuar es acuciante, pero esta falta de acción rápida respecto a un acuerdo alcanzado en la cumbre del clima COP en noviembre para acelerar y poner en funcionamiento un Fondo para Pérdidas y Daños operativo, inicialmente acogido por el Banco Mundial, amenaza con socavar los derechos humanos de comunidades que necesitan desesperadamente recursos para hacer frente a los impactos del cambio climático.
“Un Fondo para Pérdidas y Daños plenamente operativo y adecuadamente financiado puede ser una cuestión de vida o muerte para millones de personas que, en todo el mundo, se enfrentan a las más graves consecuencias del calentamiento global, como sequías, inundaciones, subidas del nivel del mar, acidificación de los océanos, desertificación y pérdida de medios de sustento. Los retrasos en el desembolso de los fondos en las cantidades que se necesitan amenazan los derechos de las personas más afectadas por la creciente frecuencia de fenómenos atmosféricos extremos y degradación medioambiental causadas por el calentamiento climático que estamos provocando”, ha manifestado Ann Harrison, asesora sobre Justicia Climática de Amnistía Internacional.
“El año pasado, los países ‘desarrollados’ rechazaron las preocupaciones de los defensores y defensoras de los derechos humanos respecto a la participación del Banco Mundial alegando que el hecho de que el Banco acogiera el Fondo ayudaría a lograr que éste estuviera operativo más rápidamente. Estos Estados consiguieron lo que querían, y aun así están poniendo en peligro los progresos. Las comunidades que se encuentran en primera línea de la crisis climática no deberían tener que esperar viendo cómo se pierden sus vidas y ecosistemas mientras los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero discuten sobre los asientos en la junta directiva.”
“El hecho de que, hasta el momento, sólo se haya presentado a dos mujeres como candidatas para una junta directiva de 26 miembros, a pesar de que el mandato dispone que exista un equilibrio de género, también es alarmante y es algo a lo que se debe poner remedio. Las mujeres se encuentran entre los sectores más susceptibles y más afectados por la crisis climática, y deben tener una representación mucho más igualitaria en la gobernanza del Fondo.”
Estaba previsto que la junta directiva del Fondo celebrara su primera reunión en enero, pero las constantes demoras amenazan ahora todo el calendario establecido para el Fondo en 2024, incluido el plazo límite de junio para que el Banco Mundial confirme su disposición a acogerlo bajo las condiciones expuestas en la última COP.
Información complementaria
Según su mandato, la junta directiva del Fondo para Pérdidas y Daños tendrá 26 miembros: 12 de “Estados desarrollados” (que tienen la mayor responsabilidad histórica del cambio climático causado por emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas), 3 cada uno de Asia y Oceanía, África y Latinoamérica y el Caribe, 2 cada uno de los pequeños Estados insulares “en desarrollo” y los países “menos desarrollados”, y uno de otra nación “en desarrollo” que no entre en estas categorías. En la COP27 de 2022 se alcanzó un acuerdo para crear el Fondo para Pérdidas y Daños. En la COP28 celebrada en Dubái el año pasado, algunos participantes se comprometieron a aportar al Fondo una financiación limitada.
