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La Cámara de Representantes debe rechazar los privilegios para los violadores de derechos humanos

Londres.- La Cámara de Representantes de Colombia ha iniciado el debate sobre un proyecto de ley sobre “Estatuto Antiterrorista”, y Amnistía Internacional advierte de que las medidas propuestas podrían menoscabar gravemente los derechos humanos y el Estado de derecho en este país.

 

De ser aprobada, la nueva ley permitirá que el ejército practique detenciones, registre casas e intercepte comunicaciones sin mandamiento judicial, lo que reforzaría el poder militar sobre las actuaciones penales al garantizar su control sobre todo el proceso legal, lo que en muchos casos conlleva la intervención de personal militar implicado en violaciones de derechos humanos, comenzando por la detención y terminando en juicios ante los tribunales castrenses.

 

“Es probable que la concesión efectiva al ejército del derecho a investigarse a sí mismo agrave el escándalo de derechos humanos que afecta a Colombia, al mismo tiempo que hará que el personal militar implicado en violaciones de derechos humanos goce de una impunidad aún mayor”, advierte Amnistía Internacional.

 

Ya hay numerosos defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros activistas sociales encarcelados sobre la base de datos facilitados por informantes anónimos poco fidedignos que suelen cobrar a cambio de su trabajo, y no en investigaciones judiciales independientes.

 

Con este proyecto de ley, los defensores de derechos humanos y los sindicalistas, considerados a menudo subversivos, quedarán aún más expuestos a sufrir investigaciones penales arbitrarias.

 

“El ejército tendrá más facilidades para iniciar investigaciones basándose en pocos indicios o en ninguno contra quienes denuncian violaciones que cometen los militares, a fin de intimidar, silenciar y desprestigiar a estas organizaciones”, ha declarado Amnistía Internacional.

 

Además, la Fiscalía General de la Nación ha mostrado hace poco su total indiferencia por la justicia al cesar su actividad en relación con varios altos mandos del ejército acusados de violaciones de derechos humanos.

 

Este mes la Fiscalía sobreseyó la diligencia de indagatoria al general retirado Rito Alejo Río en relación con violaciones de derechos humanos cometidas entre 1995 y 1997 por las fuerzas que estaban bajo su mando en coordinación con los paramilitares, cuando comandaba la XVII Brigada. En enero, la Fiscalía había sobreseído una investigación contra el general Alvaro Velandia Hurtado por su participación en la tortura, asesinato y “desaparición” de Nydia Erika Bautista en 1987. En ambos casos existían contundentes presunciones de hecho contra los dos ex generales.

 

“Si el gobierno tiene verdaderamente el compromiso de abordar la crisis de derechos humanos, debería reforzar el sistema de justicia civil para garantizar que avancen las investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos”, concluyó Amnistía Internacional.

 

Información general

El 10 de diciembre de 2003 la Cámara de Representantes aprobó el estatuto antiterrorista, que reforma los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución. La ley entrará en vigor cuando la Cámara apruebe que la ley que lo habilite. El gobierno ha presentado dicha ley para habilitarla a principios de marzo.

 

La ley antiterrorista vulnera el espíritu de los tratados internacionales de derechos humanos de los que es firmante Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, y ha recibido críticas de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura de la ONU, y el comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

 

En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado este mismo mes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma que “los órganos internacionales de protección de los derechos humanos han señalado que el ejercicio de funciones de policía judicial por parte de personas de carácter militar se opone a los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia, enunciados en instrumentos internacionales ratificados por Colombia.”

 

En el informe se afirma que se “registró igualmente un aumento de denuncias de violaciones al derecho a la libertad individual por la comisión de detenciones arbitrarias por parte de las autoridades estatales”, y que “la administración de justicia siguió adoleciendo de los problemas en materia de acceso a la misma, de independencia e imparcialidad judicial, de garantías procesales y presunción de inocencia, así como de impunidad”.