Londres.- En vísperas del juicio contra Alberto Fujimori, Amnistía Internacional ha declarado que este proceso es un paso fundamental hacia la justicia en Perú y ha advertido que todavía queda un largo camino por recorrer en el país.
Amnistía Internacional espera que el juicio contra el ex mandatario se desenvuelva con imparcialidad y que contribuya a la apertura de nuevas investigaciones judiciales para que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú sean sometidas a la acción de la justicia.
En particular, la organización ha sostenido que en el marco de la represión de los crímenes cometidos entre 1980 y 2000 por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, miembros de las fuerza armadas y de seguridad de Perú cometieron crímenes de derecho internacional – incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura -- de manera generalizada y sistemática.
Amnistía Internacional también señaló la importancia de contar con un programa efectivo de protección a víctimas sobrevivientes, familiares, testigos y abogados que participan en el proceso.
La organización ha asegurado que la única forma de garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado no tengan lugar en el futuro es mediante la justicia y para que la justicia funcione se debe asegurar que las personas que participan en los procesos lo hagan sin temor a represalias.
Amnistia Internacional ha afirmado que para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado no tengan lugar en el futuro, verdad, justicia y reparaciones son indispensables. Información General Alberto Fujimori está acusado de responsabilidad en la matanza de 15 personas en Barrios Altos, Lima, en 1991, y en la tortura, desaparición forzada y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en 1992. Estos delitos se han atribuido al grupo “Colina”, escuadrón de la muerte creado en 1991 en el seno de los Servicios de Inteligencia del Ejército. El establecimiento habría sido parte de una estrategia de contrainsurgencia presuntamente aplicada por Alberto Fujimori.
Alberto Fujimori está acusado también de haber ordenado el secuestro y tortura de personas criticas con su gobierno en la sede del Servicio de Inteligencia Militar, donde el ex presidente vivió durante 1992.
En los diez años de presidencia de Alberto Fujimori, Amnistía Internacional documentó centenares de casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial a manos de las fuerzas de seguridad peruanas. Además, durante esos diez años la tortura y los malos tratos fueron práctica generalizada de las fuerzas de seguridad.
