El domingo 4 de diciembre, las autoridades israelíes tienen previsto expulsar al defensor de los derechos humanos franco-palestino Salah Hammouri, al que han revocado su permiso de residencia en Jerusalén.
Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, manifestó:
“Salah Hammouri ya ha pasado nueve meses en detención administrativa sin cargos ni juicio este año en represalia por su incansable trabajo de campaña por el fin del apartheid de Israel contra la población palestina. Estos últimos planes no son sólo un intento vergonzoso de obstaculizar el trabajo de derechos humanos de Salah; son también una manifestación del escalofriante objetivo político a largo plazo de las autoridades israelíes de reducir el número de personas palestinas en Jerusalén Oriental.”
“La expulsión ilegítima de los Territorios Palestinos Ocupados constituye una infracción grave del IV Convenio de Ginebra y un crimen de guerra. La expulsión llevada a cabo el fin de mantener un sistema de apartheid constituye un crimen de lesa humanidad. Todos estos crímenes están bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal ha abierto una investigación de la situación en Palestina. Reiteramos nuestra petición para que se incluya el crimen de apartheid en esa investigación; las autoridades israelíes deben rendir cuentas.”
“A lo largo de los últimos veinte años, Salah Hammouri ha sufrido muchos de los actos inhumanos de los que las autoridades israelíes se sirven para imponer y mantener su sistema de apartheid. Ha sido sometido a detención administrativa prolongada en varias ocasiones, así como a hostigamiento, separación familiar, vigilancia y amenazas constantes de revocación de la residencia. Esta persecución debe acabar ya. Las autoridades israelíes deben dejar en libertad a Salah Hammouri, restituir su condición de residente en Jerusalén y permitirle proseguir con su labor de derechos humanos sin temor a represalias.”
Información complementaria
El 30 de noviembre Salah Hammouri recibió la notificación de que será expulsado a Francia el domingo 4 de diciembre de 2022, fecha de vencimiento de su orden de detención administrativa. Salah lleva recluido sin cargos ni juicio desde el 7 de marzo en virtud de una orden de detención administrativa de tres meses que ha sido renovada en varias ocasiones.
La expulsión de Salah Hammouri sentaría un peligroso precedente. Se basa en una modificación de una ley que autoriza al Ministerio del Interior israelí a expulsar a residentes permanentes (la condición jurídica que tienen la mayoría de las personas palestinas residentes en Jerusalén) si se concluye que han sido “desleales” al Estado de Israel. Esto se contradice con el derecho internacional, que no exige lealtad por parte de la población ocupada hacia la potencia ocupante.
En virtud del derecho israelí, las personas palestinas residentes en Jerusalén Oriental no son ciudadanas israelíes y no son residentes de Cisjordania. En su lugar, se les concede un frágil estatuto de residencia permanente que les permite residir y trabajar en la ciudad y que puede ser revocado por una serie de razones discriminatorias.
