Las autoridades israelíes deben poner fin a su campaña de represión contra la sociedad civil palestina y dejar que las organizaciones hagan su trabajo sin sufrir hostigamiento, según ha declarado Amnistía Internacional después de que hoy fuerzas israelíes cerraran las oficinas de siete organizaciones de la sociedad civil palestinas en Cisjordania y los Territorios Palestinos Ocupados.
Antes del amanecer, las fuerzas armadas israelíes irrumpieron en las oficinas de Ramala de Addameer, Al Haq, Defensa de Niñas y Niños Internacional – Palestina (DCIP), la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, los Comités de Trabajo Sanitario y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y confiscaron archivos y equipos. También emitieron órdenes militares de cierre y soldaron las puertas de las oficinas.
“Pese a que estas organizaciones han contribuido enormemente a los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados y en todo el mundo, el ejército israelí pisotea todo su trabajo. Amnistía Internacional se solidariza con orgullo con nuestras entidades asociadas palestinas y pide a todos los gobiernos que condenen el ataque del ejército israelí contra la sociedad civil palestina”, manifestó Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La comunidad internacional debe colaborar no sólo para reabrir las oficinas de estas siete organizaciones, sino también para cumplir con sus llamamientos de apoyo a la investigación de la Corte Penal Internacional de la situación de Palestina y para que se condene internacionalmente el apartheid israelí contra la población palestina.”
Amnistía Internacional habló con socios de tres de las siete organizaciones, que transmitieron su conmoción por los registros y los cierres.
Khaled Quzmar, director de DCIP, contó a Amnistía Internacional: “El ejército ocupante no ha silenciado nuestra voz en defensa de los derechos humanos. El ejército utiliza el derecho militar contra el derecho de los derechos humanos. Los registros muestran que Israel rechaza la postura de la UE y la comunidad internacional y prefiere invertir en seguir con la ocupación y las violaciones de derechos humanos a las que ésta da lugar”.
Investigadores de Amnistía examinaron las órdenes militares colocadas en las puertas de las oficinas de tres de las organizaciones. En todos los casos, la orden de cierre de las oficinas se basó en el Reglamento de Defensa (de Emergencia) de 1945, dictado por Gran Bretaña para aplastar la resistencia a su gobierno y aún en vigor. Desde 1967, las autoridades militares israelíes han venido utilizando ampliamente este reglamento para demoler cientos de viviendas palestinas, deportar a residentes y someter a detención administrativa a decenas de miles de palestinos y palestinas de los Territorios Palestinos Ocupados. Las autoridades israelíes también habían utilizado el reglamento contra la población palestina de Israel hasta 1966, pero no contra la judía.
Estas prácticas, que constituyen infracciones graves del IV Convenio de Ginebra y violan numerosos artículos de convenciones de derechos humanos en los que Israel es Parte, forman parte del sistema de apartheid que oprime a la población palestina.
“Amnistía Internacional pide a todos los Estados que reconozcan que Israel está cometiendo delitos reconocidos internacionalmente —incluido el de apartheid— contra la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Los gobiernos deben garantizar que todos los acuerdos que suscriban con las autoridades israelíes integran consideraciones de derechos humanos, y ejercer la diligencia debida para abstenerse de contribuir al sistema de apartheid”, afirmó Amna Guellali.
Información complementaria
El 19 de octubre de 2021, el Ministerio de Defensa israelí dictó una orden militar que declaraba a seis organizaciones de la sociedad civil palestina entidades “terroristas” (todas excepto los Comités de Trabajo Sanitario, contra la que actúo por separado). La designación ilegalizaba en la práctica sus actividades y facultaba a las autoridades israelíes para cerrar sus oficinas, confiscar sus bienes y arrestar y encarcelar a su personal. También prohibía la expresión pública de apoyo a sus actividades y su financiación. Esta designación ha sido ampliamente condenada por ONG internacionales, instancias y representantes gubernamentales de Europa y de terceros países y expertos de la ONU, entre otros actores.
Antes de la designación, en octubre de 2021, la ONG de derechos humanos Front Line Defenders recopiló datos que confirmaron, tras una revisión de pares efectuada por Citizen Lab y el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, que seis dispositivos pertenecientes a seis defensores y defensoras de los derechos humanos palestinos de estas organizaciones habían sido hackeados con Pegasus, un programa espía desarrollado por la empresa israelí de ciberseguridad NSO Group.
El 18 de octubre de 2021, el ministro del Interior israelí notificó al abogado francopalestino Salah Hammouri, que trabaja para Addameer, grupo de defensa de los derechos de los presos y presas palestinos, de que habían revocado su permiso de residencia en Jerusalem e iban a deportarlo por “deslealtad al Estado de Israel”. Salah Hammouri lleva recluido en detención administrativa sin cargos ni juicio desde el 7 de marzo de 2022. Amnistía Internacional ha pedido su libertad.
