Las autoridades israelíes deben garantizar que el juicio de un cooperante contratado por la organización no gubernamental (ONG) World Vision sea imparcial y abierto, ha afirmado Amnistía Internacional justo antes del juicio, en un contexto en el que las informaciones indican que las actuaciones se desarrollarán en secreto. Mohammed al Halabi, director de las operaciones que la ONG global de desarrollo centrada en la infancia realiza en Gaza, se enfrenta a doce cargos, entre ellos el de pertenecer a una “organización terrorista” y desviar fondos de la organización benéfica para fines relacionados con el “terrorismo”. Inicialmente se le negó el acceso a asistencia letrada y, cuando finalmente permitieron que su abogada se reuniera con él, Mohammed denunció haber sufrido malos tratos graves durante su detención. A la abogada no se le permite revelar los detalles de esa denuncia, al igual que muchos otros elementos del caso, dada una serie de severas restricciones impuestas por las autoridades israelíes a la labor informativa sobre el caso. “Los juicios secretos constituyen la violación más flagrante del derecho a una audiencia pública. Celebrar estas actuaciones judiciales a puerta cerrada invalidaría cualquier declaración de culpabilidad que se obtuviese”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La acusación de robo de dinero destinado a ayudar a aliviar la crisis humanitaria de Gaza es sumamente grave. Por este motivo es muy importante garantizar que los derechos de Mohammed al Halabi sean plenamente respetados y que su juicio sea imparcial y transparente", ha señalado Magdalena Mughrabi. Según las normas internacionales, los juicios sólo pueden celebrarse en secreto en circunstancias excepcionales. Aunque el cierre total o parcial de un juicio puede justificarse excepcionalmente por motivos de seguridad nacional, las autoridades israelíes no han presentado argumentos que justifiquen por qué es necesario aplicar esas condiciones a este juicio. La Agencia de Seguridad israelí detuvo a Mohammed al Halabi el 15 de junio en el paso de Erez entre Israel y el territorio ocupado de Gaza cuando regresaba a su casa –ubicada en Gaza–, tras haber participado en una reunión en la oficina de World Vision en Jerusalén. Mohammed fue trasladado a un centro de detención en Asquelón, Israel, donde fue interrogado antes de que lo llevaran a la prisión de Nafcha, en el desierto del Néguev. No se le permitió ver a su abogada hasta el 6 de julio, tres semanas después de su arresto, y, por tanto, se enfrentó a intensos interrogatorios sin representación legal. No fue acusado de un delito hasta el 4 de agosto, más de siete semanas después de su arresto. También se ha tenido noticia a través de los medios de comunicación de que Mohammedfue brutalmente golpeadoy de que su “confesión” de robar anualmente 7,4 millones de dólares estadounidenses fue obtenida mediante coacción. Esta cantidad parece sospechosamente alta, puesto que,según World Vision, Mohammed al Halabi y el personal directivo de su misma categoría solo pueden autorizar gastos presupuestarios por un monto máximo de 15.000 dólares cada vez, y el presupuesto total de la organización para Gaza en el último decenio fue de aproximadamente 22,5 millones de dólares. “Las autoridades israelíes deben investigar inmediatamente las denuncias de que Mohammed al Halabi sufrió malos tratos durante su detención y de que es posible que fuera obligado a ‘confesar’ bajo coacción. Toda prueba obtenida mediante tortura, o otro trato cruel, inhumano o degradante, debe quedar excluida de las actuaciones judiciales. Si no se realizan investigaciones independientes e imparciales de estas denuncias, el juicio puede presentar defectos fundamentales”, ha dicho Magdalena Mughrabi. Entre 2001 y 2016, la Agencia de Seguridad israelí ha sido mencionada en casi 1.000 denuncias de tortura y otros malos tratos, pero no se ha abierto ninguna investigación penal. Amnistía Internacional también ha tenido conocimiento de que las autoridades israelíes han impuesto severas restricciones a la información sobre el caso de Mohammed al Halabi. Su abogada ha afirmado que las restricciones eran muchísimo más severas que cualquiera de las que ella había visto en sus más de 40 años de experiencia. Las autoridades israelíes también han realizado varias declaraciones que pueden influir negativamente en el curso de la justicia. Por ejemplo, en unadeclaracióndel ministro de Asuntos Exteriores se presentaban como si fueran hechos las acusaciones de que Mohammed al Halabi es miembro de Hamás y robaba anualmente 7,4 millones de dólares. “Las autoridades israelíes deben abstenerse de realizar declaraciones que puedan influir en el resultado del juicio. Presentar acusaciones como si fueran hechos constituye una violación de la presunción de inocencia”, ha manifestado Magdalena Mughrabi. Mohammed al Halabi trabaja en World Vision desde 2005 y, en 2014, fue nombrado director de las operaciones en la Franja de Gaza de esta organización. Tras su detención, World Vision ha puesto en marcha una investigación sobre las acusaciones y ha interrumpido su trabajo humanitario en Gaza. Varios gobiernos han anunciado la suspensión de su financiación a los proyectos de World Vision en los Territorios Palestinos Ocupados, en espera del resultado de la investigación. Desde 2007, las fuerzas israelíes mantienen un bloqueo de la Franja de Gaza por tierra, mar y aire. El bloqueo ha restringido gravemente la circulación de bienes y personas en ese territorio, y equivale a un castigo colectivo. Egipto también ha mantenido cerrado en gran medida el paso fronterizo de Rafá durante los últimos años. Como consecuencia del bloqueo y de una serie de conflictos armados entre Israel y los grupos armados palestinos durante el último decenio, casi el 80 % de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria internacional. “El bienestar de la mayor parte de la población civil de Gaza depende de la prestación eficaz de asistencia humanitaria. Es fundamental que este caso no afecte de ninguna manera la capacidad que tienen las organizaciones humanitarias y de desarrollo tales como World Vision de llevar a cabo su indispensable labor sin sufrir restricciones arbitrarias, acoso o intimidación”, ha afirmado Magdalena Mughrabi. Para más información sobre las normas de justicia procesal, véase: Manual de juicios justos de Amnistía Internacional.“Los juicios secretos constituyen la violación más flagrante del derecho a una audiencia pública. Celebrar estas actuaciones judiciales a puerta cerrada invalidaría cualquier declaración de culpabilidad”Magdalena Mughrabi, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional
