Miles de personas solicitantes de asilo –entre ellas menores no acompañados– están sufriendo abusos violentos, devoluciones ilegales que no siguen el proceso debido y detenciones ilegítimas a manos de las autoridades húngaras y de un sistema concebido flagrantemente para disuadirlas de presentar su solicitud. Así lo ha revelado Amnistía Internacional en un nuevo informe. Stranded hope: Hungary’s sustained attack on the rights of refugees and migrants, publicado con el telón de fondo de la tóxica campaña para el referéndum sobre las cuotas de personas refugiadas, concluye que cientos de solicitantes de asilo esperan durante meses en condiciones degradantes. Muchas de las personas que consiguen entrar en Hungría son devueltas, sin el procedimiento debido, a Serbia o recluidas ilegalmente en centros de detención. “El primer ministro Orbán ha sustituido el Estado de derecho por el Estado del miedo. Sus intentos de impedir deliberadamente a las personas refugiadas y migrantes llegar a Hungría han venido acompañados de un patrón cada vez más preocupante de ataques contra estas personas y contra las salvaguardias internacionales concebidas para protegerlas”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
“El espantoso trato y los laberínticos procedimientos de asilo son una cínica táctica para disuadir a los solicitantes de asilo de cruzar las cada vez más militarizadas fronteras húngaras. Frente al telón de fondo de la tóxica campaña sobre el referéndum, la venenosa retórica contra las personas refugiadas está alcanzando unos niveles desorbitados". El informe se basa en la investigación llevada a cabo en Serbia, Hungría y Austria y en entrevistas con 143 personas, la gran mayoría de las cuales eran personas refugiadas o migrantes. Los testimonios revelan las terribles condiciones a las que se enfrentan quienes intentan entrar en Hungría y viajar a través de ese país, donde las entradas irregulares se han tipificado como delito y el derecho de asilo se ha restringido enormemente. En septiembre de 2015, Hungría terminó la construcción de una enorme valla a lo largo de su frontera con Serbia (que más tarde extendió hasta Croacia), y aprobó una ley para acelerar las solicitudes de asilo. Se abrieron “zonas de tránsito” –contenedores de metal para procesar las solicitudes y recluir a los solicitantes de asilo detenidos– en dos pasos fronterizos. En total, cada día se admite solamente que 30 personas presenten su solicitud de asilo en estas zonas, y se deja a centenares más consumiéndose en condiciones degradantes en la frontera o en masificados centros de Serbia. En el momento de la visita de Amnistía Internacional a la frontera entre Hungría y Serbia, más de 600 personas vivían en campamentos improvisados, muchas de ellas desde hacía meses. Un solicitante de asilo del campamento de Horgoš a cuya anciana esposa habían tenido que llevar a cuestas durante gran parte del viaje desde Afganistán, dijo a Amnistía Internacional: “Llevamos aquí 22 días y no parece que vayamos a cruzar mañana”. Otro solicitante de asilo que llevaba en el mismo campamento 18 días dijo: “Huimos de la guerra, del dolor. Entonces, ¿por qué los de la frontera nos tratan como a animales?” Puesto que el proceso formal está sumamente restringido, algunos solicitantes de asilo intentan cruzar la frontera irregularmente para entrar en Hungría. Una ley aprobada en junio de 2016 permite la devolución inmediata a Serbia de personas solicitantes de asilo encontradas a una distancia de hasta 8 km de la valla fronteriza, en territorio húngaro. Las personas así detenidas son devueltas ilegalmente a Serbia, sin tener para nada en cuenta sus necesidades de protección o su situación de especial vulnerabilidad. Desde que entró en vigor esta nueva ley, los datos estadísticos oficiales sugieren que la nueva práctica de devolución sin el debido procedimiento ha sustituido en gran medida a los procedimientos penales formales aplicables a la entrada irregular en el país. Algunas de las personas entrevistadas dijeron a Amnistía Internacional que durante esas devoluciones sin el debido procedimiento se había hecho uso de fuerza excesiva: a algunos solicitantes de asilo les habían propinado golpes y patadas y los habían perseguido con perros. Un solicitante de asilo presenció cómo la policía golpeaba a un hombre al que habían atrapado al otro lado de la frontera. Un policía les advirtió: “Podemos hacer lo que queramos; si os quejáis, nadie os va a escuchar”. Un muchacho de 17 años no acompañado describió cómo la policía lo había atrapado en Hungría, a unos 10 km de la frontera. “A un hombre del grupo le propinaron una patada tan fuerte en el pie que se lo fracturaron”. En el interior de las zonas de tránsito, los hombres que viajan sin familia son a menudo detenidos ilegalmente durante periodos de hasta cuatro semanas. La solicitud de asilo de la mayoría de ellos se declara inadmisible alegando que han entrado desde Serbia, un “tercer país seguro”. Puesto que Serbia no los admite oficialmente de vuelta ni les proporciona acceso a un proceso justo e individualizado de solicitud de asilo, las personas que son devueltas sin el procedimiento debido desde las zonas de tránsito apenas tienen más opción que intentar entrar en la UE por una ruta diferente. Las personas solicitantes de asilo que consiguen pasar con éxito las “zonas de tránsito” son conducidas a centros de alojamiento para solicitantes, unos abiertos y otros cerrados, cuyas condiciones son pésimas. Los centros carecen de servicios básicos, y apenas proporcionan educación o actividades para niños y niñas o atención médica. Amnistía Internacional halló también indicios de que algunos menores no acompañados son alojados junto con hombres adultos. La falta de traductores y el largo y complejo proceso de asilo constituyen a menudo obstáculos insuperables para los solicitantes. La detención es una práctica habitual y, cuando Amnistía Internacional llevó a cabo su investigación, casi el 60% de las 1.200 personas solicitantes de asilo registradas en Hungría estaban bajo custodia. Un solicitante de asilo procedente de Afganistán contó a Amnistía Internacional: “Cuando llegué, pensé, bueno, Hungría es Europa, a lo mejor está bien. Pero me di cuenta de que aquí nos odian”. Pese a las reiteradas peticiones, a Amnistía Internacional no le permitieron visitar el centro de detención de Kiskunhalas, donde se recluye a solicitantes de asilo. Sin embargo, la organización entrevistó a varios ex detenidos que contaron que habían sufrido palizas y amenazas de violencia a manos de la policía y los guardias de seguridad del centro. Un solicitante de asilo afgano dijo a Amnistía Internacional que sabía de unas 30 personas a las que habían dado palizas durante los cuatro meses que estuvo recluido allí. Otro solicitante de asilo, palestino, al que habían golpeado en Kiskunhalas, dijo: “La policía y los guardias de seguridad saben que hay muchas cámaras, así que te empujan hasta un lugar donde no se ve lo que sucede”. En diciembre de 2015, la magnitud del sufrimiento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo tanto en las fronteras de Hungría como en territorio húngaro y la legislación actualizada del país sobre concesión de asilo, dieron lugar a la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. Este procedimiento aún no ha concluido. “En lugar de sentirse avergonzado por la exposición de las flagrantes infracciones del derecho internacional cometidas por Hungría, el primer ministro Orbán las ensalza orgulloso como ejemplo para los demás países. El permitir que esta situación continúe sin ponerle remedio provocará un sufrimiento aún mayor a las personas vulnerables que huyen del conflicto”, ha manifestado John Dalhuisen. “Los líderes europeos deben organizarse, no ‘orbanizarse’. Al no hacer frente con firmeza a las infracciones cometidas por Hungría del derecho de la UE reforzarán las actitudes de xenófobos y populistas, y podrían constituir una grave amenaza estructural para el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos".“El primer ministro húngaro ha sustituido el Estado de derecho por el Estado del miedo (...) La venenosa retórica contra las personas refugiadas está alcanzando unos niveles desorbitados”John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa
