Grecia ha devuelto ilegalmente al menos a ocho personas refugiadas sirias a Turquía sin respetar el debido procedimiento ni estudiar sus solicitudes de asilo, según revelan los documentos y testimonios conseguidos por Amnistía Internacional.
Estas personas, entre las que hay cuatro menores de cinco años, fueron rescatadas en aguas griegas al surgir problemas en la embarcación en la que viajaban de Turquía a Italia, y llevadas a la isla de Milos el 9 de octubre. Las ocho hicieron constar su intención de solicitar asilo, a pesar de lo cual fueron devueltas a Turquía el 20 de octubre. Los refugiados afirman que los engañaron diciéndoles que los trasladaban a Atenas, pero en realidad volaron escoltados por agentes de la agencia europea de gestión de fronteras de la UE (Frontex) hasta Adana (Turquía), violando el derecho internacional y la legislación de la UE.
“Las autoridades griegas y la UE han insistido reiteradamente en que las solicitudes de asilo de todas las personas refugiadas sirias que llegan al país son adecuadamente evaluadas, pero aquí hemos visto claros indicios de lo contrario”, ha dicho John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.
“Estas personas han sido traicionadas por un sistema que no les ha ofrecido la protección a la que tienen derecho”John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional
“Estas personas refugiadas han sido traicionadas por un sistema que no sólo no les ha ofrecido la protección a la que tienen derecho, sino que no ha tenido para nada en cuenta sus necesidades de protección.”
Amnistía Internacional ha hablado con dos miembros del grupo de refugiados sirios, uno de ellos un hombre que viajaba con su esposa y sus cuatro hijos. La organización también ha visto documentos oficiales en los que consta la intención de solicitar asilo de ocho miembros de este grupo, y está investigando otros dos casos más de personas que fueron devueltas en el mismo vuelo.
Una de ellas contó a Amnistía Internacional: “Cuando vi la bandera de Turquía en el aeropuerto, todos mis sueños se desvanecieron”. Otra afirmó: “Nos mintieron”.
Documentos firmados cuya copia ha obtenido Amnistía Internacional confirman que los días 14 y 15 de octubre de 2016, en el Centro de Recepción e Identificación de la isla de Leros, al menos ocho de los refugiados sirios expresaron formalmente su intención de solicitar protección internacional en Grecia, una petición que fue completamente ignorada, violando con ello el derecho internacional y las leyes griegas. Estas personas afirman que no retiraron sus solicitudes ni pidieron ser enviadas a Turquía voluntariamente.
Los refugiados dijeron a Amnistía Internacional que no les habían permitido tener contacto externo alguno ni habían tenido oportunidad de hablar con un abogado o con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) mientras estuvieron detenidos en la comisaría de Leros, a pesar de que lo pidieron varias veces.
“Las autoridades griegas apoyadas por Frontex, la agencia de gestión de fronteras de la UE, han enviado de nuevo a Turquía a estas personas sirias, entre las que hay cuatro niños pequeños, sin tener en cuenta los peligros que pueden encontrar allí ni respetar su derecho a solicitar asilo en Grecia”, ha dicho John Dalhuisen.
“En el mejor de los casos se trata de una cuestión de incompetencia, y en el peor, de un cínico intento de las autoridades —bajo la presión siempre creciente de la Unión Europea— de sacar a los refugiados sirios del país a cualquier coste. Es preciso investigarlo urgentemente, permitir a estas personas refugiadas regresar a Grecia y estudiar su reubicación a otros Estados miembros de la UE.”
Información complementaria
ACNUR también ha expresado claramente su “grave preocupación“ por estos casos.
Grecia está legalmente obligada a llevar a cabo una evaluación completa de riesgos de todas las personas refugiadas que cruzan sus fronteras para determinar si su devolución a Turquía supone un peligro para ellas.
Todos los procedimientos de asilo y retorno deben estar sujetos a garantías judiciales, incluido el acceso a asistencia letrada de las personas refugiadas y la oportunidad de recusar la decisión que se tome sobre sus peticiones de asilo.
El 9 de octubre, una embarcación que transportaba 91 personas de diferentes nacionalidades (incluidas sirias, afganas e iraquíes) de Turquía a Italia tuvo problemas y sus ocupantes fueron rescatados frente a las costas de la isla griega de Milos.
El 14 de octubre, las 91 personas del grupo fueron trasladadas de Milos a Leros, donde pasaron por el proceso completo de registro e identificación y expresaron su intención de solicitar protección internacional.
El 19 de octubre, la policía sacó a un grupo de 13 personas del campo donde estaban alojadas y se las llevó a la comisaría local, donde les dijeron que las iban a trasladar a Atenas.
A la mañana siguiente, las llevaron a la isla griega de Kos. La policía no atendió a su petición de alimentos, a pesar de que en el grupo había bebés y niños de corta edad, y volvieron a decirles que los iban a trasladar a Atenas.
Según afirman estos refugiados, no se dieron cuenta —ni les informaron— de que los habían llevado a Turquía en lugar de a Atenas hasta que su avión aterrizó en Adana, donde siguen detenidos.
Las autoridades griegas niegan públicamente haber cometido ilegalidad alguna e insisten en que a todas estas personas se les dio oportunidad de solicitar asilo en varias ocasiones. Asimismo señalan que tres personas no embarcaron en el avión porque solicitaron asilo en el aeropuerto de Kos, y que el procedimiento se efectuó bajo la supervisión de la Oficina del Defensor del Pueblo de Grecia.
Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades griegas para plantear su preocupación y solicitar aclaraciones sobre estos casos.