Ante el asesinato de la activista y defensora de derechos humanos Zara Alvarez en Bacólod (Negros Occidental), el director ejecutivo de Amnistía Internacional Filipinas, Butch Olano, ha afirmado:
“Personas que defienden los derechos humanos, activistas, profesionales de la abogacía, campesinado, gente pobre de zonas urbanas... No se ve el fin de los asesinatos a sangre fría en Filipinas con el gobierno de Duterte, ni siquiera en el contexto de la COVID-19.
Calificar a personas o grupos de comunistas o “terroristas” ha dado lugar a amenazas de muerte y al asesinato de activistas y defensores de derechos humanos como Zara Alvarez, que a su vez han fomentado más violencia letal. Su asesinato se ha cometido días después del de Randy Echanis, otro activista “señalado por rojo”, en su domicilio.
No se puede permitir que continúe este ciclo de derramamiento de sangre. Después de miles de homicidios, es evidente que la comunidad internacional debe emprender con urgencia una investigación independiente sobre las ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas en Filipinas para acabar con la impunidad generalizada y violencia letal bajo el gobierno actual, establecer los hechos y tomar medidas que garanticen justicia a las víctimas y sus familias.”
Información complementaria
La noche del 17 de agosto de 2020, Zara Alvarez, defensora de derechos humanos de 39 años, murió por disparos de agresores desconocidos en Bacólod, Negros Occidental. Realizaba funciones paralegales para el grupo de derechos humanos Karapatan y era responsable de investigación e incidencia del Programa de Salud Integral de la isla de Negros.
Zara Alvarez ha sido asesinada poco después de que mataran a Randall Echanis, alias “Randy”, en su domicilio de Ciudad Quezón el 10 de agosto de 2020. Sus nombres estaban entre los de varios centenares de personas que el Departamento de Justicia de Filipinas solicitó que fueran declaradas “terroristas” por un tribunal en 2018. Finalmente, sus nombres y los de otras personas fueron eliminados de la lista, donde al principio también figuraba Victoria Tauli-Corpuz, entonces relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, profesionales de la abogacía, campesinado y personas críticas con las políticas de Duterte han sido “señaladas” y tachadas de comunistas o “terroristas” bajo su gobierno. Por ello muchas han sido objeto de denigración, hostigamiento, demandas y detención arbitraria, y a otras las han matado en ataques no resueltos que están claramente vinculados a su trabajo.
En junio de 2020, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos publicó un informe sobre la crisis de derechos humanos en Filipinas, en el cual detallaba las graves violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales sistemáticas y generalizadas— que siguen cometiéndose en el país, Estas conclusiones coinciden con las de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos. Como se recalca en el informe, el clima de impunidad casi total y la incitación constante desde los máximos niveles de gobierno continúan fomentando las violaciones de derechos humanos.
A partir del informe de la OACNUDH, Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos que tome medidas dirigidas a crear un mecanismo internacional de investigación independiente sobre las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2016, con vistas a contribuir a la rendición de cuentas.
