En respuesta a la noticia anunciada hoy de que la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciará un examen preliminar sobre la “guerra contra las drogas” en Filipinas, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía, ha declarado:
"El anuncio de hoy marca un momento crucial para la justicia y la rendición de cuentas en Filipinas, y brinda un atisbo de esperanza a las víctimas de las terribles atrocidades cometidas en la denominada 'guerra contra las drogas’ emprendida por el gobierno”.
"Los delitos que se han cometido desde que el presidente Duterte ocupó su cargo alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad. Por desgracia, las autoridades de Filipinas no se han mostrado ni dispuestas ni capaces para llevar a los responsables ante la justicia, por lo que la auténtica esperanza de las víctimas recae ahora en la CPI.”“Este anuncio es una advertencia a los líderes de todo el mundo: les avisa de que quienes ordenen o fomenten crímenes de lesa humanidad tales como el asesinato no podrán quedar impunes, y serán sometidos a investigación en virtud del derecho internacional.” Información complementaria“Los delitos que se han cometido desde que el presidente Duterte ocupó su cargo alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad”James Gómez, Amnistía Internacional
El 8 de febrero de 2018, Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció que la CPI va a abrir una investigación preliminar sobre la situación en Filipinas.
En enero de 2017, y de nuevo en diciembre de 2017, Amnistía Internacional recomendó que, si las autoridades filipinas no tomaban medidas de alcance para poner fin a los homicidios relacionados con las drogas, la CPI iniciara un examen preliminar.
La organización pidió que se pusiera fin de inmediato a las ejecuciones extrajudiciales, y también que las autoridades, incluido el presidente, dejaran de fomentar y estimular la comisión de tales crímenes. Amnistía instó también a que las autoridades abrieran una investigación imparcial y eficaz sobre todos los presuntos homicidios ilegítimos. Sin embargo, hasta el momento las autoridades filipinas prácticamente han hecho oídos sordos a estos llamamientos.
