Madrid.- El Estado español fue elegido el 16 de octubre nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 2018-2020, la instancia principal de diálogo y cooperación sobre derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. “La presencia de España en este importante organismointernacional aumentará la influencia de España en Naciones Unidas. A partir de ahora podrá participar en la elaboración de recomendaciones internacionales clave y tendrá una voz fuerte para exigir que se protejan los derechos humanos allí donde se violen. Es una oportunidad extraordinaria para hacer del mundo un lugar mejor”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. “Un sistema de Naciones Unidas fuerte es un motivo de esperanza al que pueden aferrarse miles de víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos en su búsqueda de justicia. Víctimas y familiares de tortura, de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales tienen en los organismos internacionales una oportunidad de ser escuchadas cuando las instituciones de sus países les dan la espalda. España puede ser parte de esa esperanza, pero para resultar creíble en la escena internacional debe mejorar su propia situación de derechos humanos”. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, España debe mantener los estándares más elevados en materia de derechos humanos. Algo que en la actualidad no ocurre y que debe modificarse con prontiud, asumiendo un papel activo en la protección y promoción de los derechos humanos, tanto dentro como fuera del propio país.España tiene cuentas pendientes con el sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos al que ahora pertenece, como lo demuestran las recientes recomendaciones del Examen Periódico Universal y otros mecanismos internacionales desoídas constantemente. Algunas de estas cuentas pendientes tienen que ver con las persistentes devoluciones en caliente a Marruecos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que vulneran la legislación internacional, recordadas, entre otros mecanismos, por el Examen Periódico Universal de 2015 y el Comité para la Prevención de la Tortura en 2014; la vigencia de la ley de seguridad ciudadana que afecta al derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, también recordado en el Examen Periódico Universal de 2015; el mantenimiento del régimen de incomunicación que propicia la tortura, recordado por el mismo Examen Periódico Universal de 2015 y el Comité contra la Tortura en ese mismo año; la ausencia de garantías para el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, recordado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas en 2013 y posteriormente por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas; la falta de diligencia debida del Estado para proteger y reparar a las mujeres víctimas de violencia de género, según las conclusiones del Comité contra la tortura en 2015; o los retrocesos que han limitado el derecho a la asistencia sanitaria para todas las personas, especialmente para las personas migrantes en situación administrativa irregular que residen en España, tras la aprobación del Real Decreto de 2012 y que ha sido cuestionado, enre otros, por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en ese mismo año. “Para ganar credibilidad y fuerza en su nuevo papel como miembrodel Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, España debe dar ejemplo solucionando estas cuestiones pendientes de forma urgente y prioritaria.Debe poner fin a las violaciones que se producen en el propio país, cumpliendo con recomendaciones internacionales e implementando los cambios legislativos y otras medidas sugeridas”. España compartirá asiento en el Consejo de Derechos Humanos, entre otros, con países con gobiernos de países que sufren o han sufrido graves violaciones de derechos humanos como Arabia Saudí, China, Filipinas o Irak, y podrá contribuir a mejorar la situación en estos lugares.
