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España: El nuevo Real Decreto Ley sobre sanidad, un paso adecuado hacia la universalidad

Foto: Gabriela Sánchez
Amnistía Internacional valora positivamente la modificación del Real Decreto Ley de sanidad publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, ya que constituye un avance respecto de la legislación anterior y mejora el acceso de las personas inmigrantes en situación irregular a la atención sanitaria. “Este paso del gobierno es un avance para los derechos humanos ya quehemos conseguido recuperar la universalidad en el acceso a la salud, pero aún quedan cuestiones pendientes que mejorar ya que esta norma no devuelve a la situación previa de protección que existía antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas”, asegura Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre salud en Amnistía Internacional. La organización considera positivo que no se exija el empadronamiento como criterio de acreditación de residencia para acceder a la atención sanitaria, pero le preocupa que las personas migrantes en situación irregular durante los tres primeros meses de estancia en España necesiten un informe favorable de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas para acceder a los servicios sanitarios. En este sentido,Amnistía Internacionalha venido solicitando que no se impusieraun mínimo tiempo de estancia para acceder a la tarjeta sanitaria con el fin de blindar la universalidad en el acceso al atención sanitaria.La organización insta a las autoridades a que de manera urgente definan con un alto grado de detalle los criterios y el procedimiento que deberán seguir los servicios sociales para asegurar que las personas migrantes tengan acceso a la atención sanitaria, con el fin de evitar una potencial arbitrariedad y discrecionalidad en el acceso al derecho a la salud. Asimismo, pide que las personas tengan acceso a urgencias, hasta el alta médica, sin necesidad de obtener el informe de los servicios sociales. “Lamentablemente, venimos de una situación regresiva y el espíritu de una norma de estas características debe ser garantizar los derechos humanos para todas las personas en todos los contextos actuales y futuros”. Amnistía Internacional recuerda a las Comunidades Autónomas sus obligaciones en materia del derecho a la salud y pide que no impongan obstáculos a la hora de definir el “procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a los extranjeros para poder recibir la prestación asistencial”. La organización considera importante que no se creen barreras administrativas que puedan suponer obstáculos en el acceso al derecho a la salud de estas personas y, para evitar cualquier situación discriminatoria en el acceso, pide que la tarjeta sanitaria sea la misma para las personas extranjeras que para las personas españolas. En cuanto a colectivos especialmente vulnerables, Amnistía Internacional ha solicitado que se incluyera en este Real Decreto Ley, por cuestiones de claridad jurídica, el listado de personas extranjeras que en todo caso recibirán asistencia sanitaria: las solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos; y que para estas últimas, se elimine la condición de que tengan que encontrarse en periodo de restablecimiento y reflexión. En última instancia, la organización recuerda que más de 12 mecanismos de internacionales de protección de derechos humanos habían pedido la reforma del Real Decreto Ley 16/2012 y habían solicitado una evaluación exhaustiva del impacto en materia de derechos humanos de esta norma que ha estado vigente en los últimos años “De esta forma, será más fácil evitar posibles errores en el futuro ya que la propia administración podrá ver con claridad cuánto de nefasto es negar el acceso a un derecho humano como la salud a miles de personas”. “Han sido seis años de lucha y de denuncia. Amnistía Internacional recuerda el enorme papel jugado por las y los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, organizaciones y movimientos que han servido de muro de contención frente a la exclusión sanitaria y que han contribuido a mitigar los efectos que ha tenido para cientos de miles de personas”, ha concluido Marta Mendiola.

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