Madrid.- A pesar de que existen cada vez más jurisdicciones a las que se puede acudir actualmente para denunciar los crímenes más graves, España ha dado pasos que suponen un grave retroceso para aplicar la jurisdicción universal a través de dos reformas: la primera, en 2009, y la segunda, en 2014, en un nuevo golpe a la lucha contra la impunidad. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional en el 17º aniversario del arresto de Augusto Pinochet en Londres, que tuvo lugar gracias a una orden de detención y extradición emitida por un juez español. “La jurisdicción universal es una de las herramientas más importantes en la lucha contra la impunidad, ya que permite que un juez de cualquier estado investigue los crímenes más atroces, independientemente de dónde se cometió el delito o de la nacionalidad de los autores o víctimas”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Todas las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada tienen derecho a obtener verdad, justicia y reparación, pero no es ése el camino que está siguiendo España”, ha añadido. Mientras en algunos países se dan importantes avances en la aplicación del principio de jurisdicción universal, España, que con la detención de Pinochet marcó un punto de inflexión para el uso de esta herramienta, ahora va a contracorriente. Así lo muestra la última reforma, que hace prácticamente desaparecer la jurisdicción universal. Como consecuencia, incluso casos como el de José Couso, en el que la víctima era española, han sido archivados. La detención del chileno Augusto Pinochet no es el único ejemplo del papel de España en la lucha contra la impunidad: la condena al ex-militar argentino, Adolfo Scilingo, así como la orden de extradición de Ricardo Miguel Cavallo, son solo algunos de los ejemplos. “Durante años, España ha sido uno de los países que más han contribuido a generar conciencia en la comunidad internacional de que los perpetradores de los crímenes más atroces en el mundo no son intocables”, ha asegurado Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional España. “Sin embargo, parece que tanto la reforma de 2009 como la de 2014, podrían haber estado contaminadas por otros factores, como el económico, relegando la agenda de derechos humanos a un segundo plano”, ha insistido Jovtis. Otros países, sin embargo, han mostrado un mayor interés en aplicar la jurisdicción universal. El juicio en Senegal del ex-presidente del Chad, Hissène Habré; la investigación judicial abierta en Argentina por los crímenes del franquismo y la guerra civil en España, así como por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay; o la investigación en Sudáfrica de crímenes contra la humanidad cometidos contra varios opositores a Robert Mugabe en Zimbabwe, son muestras de cómo otros países que alguna vez miraron hacia las iniciativas españolas como referencia, están avanzando y dejando a España a la cola en esta materia. En esa misma línea, también la creación en noviembre de 2013 en Francia, de la Oficina central de lucha contra los crímenes contra la humanidad, los genocidios y los crímenes de guerra; o la Sexta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, dando por sentada la necesidad de la jurisdicción universal, se discute su aplicación y límites, son algunos de los hitos positivos.
Información complementaria
Actualmente, un total de 163 Estados, es decir, más del 80% de los miembros de Naciones Unidas, tienen legislación que les permite aplicar el principio de jurisdicción universal respecto a uno o más crímenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional. Amnistía Internacional, que lleva años trabajando por que la jurisdicción universal se pueda aplicar y que las víctimas puedan encontrar justicia, considera que España debería ejercer su competencia para perseguir los crímenes de derecho internacional. Por eso, y de cara a la celebración de las próximas Elecciones Generales en España, la organización ha pedido a las formaciones políticas que restablezcan la jurisdicción universal como un herramienta eficaz contra la impunidad.
