Londres.- La publicación del informe de mapeo de la ONU que documenta graves violaciones de derechos humanos en la República Democrática del Congo (RDC) es un primer paso importante, pero es preciso tomar medidas concretas para garantizar que los responsables rinden cuentas, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
“Sólo se pondrá fin al ciclo de violencia y abusos si rinden cuentas los responsables de crímenes del derecho internacional”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “La publicación de este informe debe suponer el comienzo, y no la finalización, de un proceso para garantizar la rendición de cuentas en la región de los Grandes Lagos”.
El informe de mapeo de la ONU es la investigación más exhaustiva sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la RDC desde marzo de 1993 hasta junio de 2003.
“Ahora le corresponde al gobierno congoleño –con el apoyo de donantes y gobiernos regionales– garantizar que las conclusiones del informe de traducen en medidas concretas. Esto supone investigar y procesar a los responsables de los espantosos crímenes cometidos en la RDC y ofrecer reparaciones a las víctimas”, ha manifestado Salil Shetty.
Amnistía Internacional insta al gobierno congoleño y a la ONU a que creen con urgencia un Grupo Especial que elabore un plan de acción integral y a largo plazo para poner fin a la impunidad por los crímenes cometidos en el país durante el decenio del que se ocupa el informe, además de los crímenes que se siguen cometiendo a diario.
El informe de mapeo de la ONU también pone de relieve la incapacidad del sistema de justicia congoleño para juzgar a los responsables de crímenes de guerra, a pesar de que el gobierno y la comunidad internacional han adoptado algunas iniciativas para reformarlo.
Aunque los atroces crímenes cometidos en la RDC han sido perpetrados por decenas de miles de personas, el informe explica que desde 1993 sólo se han celebrado 12 juicios por estos crímenes –todos ellos ante tribunales militares, en vez de civiles–, y que únicamente en dos de ellos se juzgaron crímenes cometidos entre 1993 y junio de 2003.
Además, la Corte Penal Internacional (CPI) sólo ha dictado órdenes de detención para cuatro personas por crímenes cometidos en la RDC; entre ellas se encuentra el general Bosco Ntaganda, al que el gobierno de la RDC no sólo se niega a detener, sino que lo ha ascendido al rango de general de sus fuerzas armadas.
Amnistía Internacional insta al gobierno congoleño y a la comunidad internacional a que dediquen más recursos a la creación de un sistema de justicia independiente y efectivo.
“No se conseguirán paz y estabilidad en toda la región de los Grandes Lagos a menos que se imputen responsabilidades penales a los perpetradores y que se conozca la verdad”, ha advertido Salil Shetty.
“Los recientes informes sobre violaciones masivas en la región de Walikale, en la zona oriental de la RDC, muestran con claridad meridiana lo vulnerable que sigue siendo la población civil, y cómo el hecho de no investigar ni procesar los graves abusos contra civiles le indica a los perpetradores que pueden continuar actuando con total impunidad”, ha añadido Salil Shetty.
Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de la RDC y a la ONU para que presten atención de forma más coherente y continua a la profesionalización de las fuerzas armadas nacionales, incluida la puesta en marcha de un procedimiento efectivo de investigación de antecedentes, una tarea que el informe de documentación de la ONU considera como principio básico fundamental para que cualquier iniciativa relacionada con la justicia en la RDC resulte creíble.
Notas para los periodistas
- El 1 de octubre de 2010, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publica un exhaustivo informe de mapeo en el que se documentan las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron en la RDC desde 1993 hasta 2003.
- Este informe documenta las más graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que se cometieron en la RDC entre 1993 y 2003, y analiza las numerosas deficiencias sistémicas del sistema de justicia de la RDC, que hasta el momento ha sido incapaz de hacer que los perpetradores rindan cuentas. El informe presenta una serie de posibles opciones para el procesamiento de los responsables.
- La población civil de la RDC sigue siendo víctima de homicidios masivos, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento forzoso de niños y niñas soldados, tortura, violación, y otras formas de violencia sexual y desapariciones forzadas.
