El presidente Chávez debe reconocer y respetar las actividades legítimas en favor de los derechos humanos

Amnistía Internacional ha declarado hoy que el presidente Hugo Chávez debe respetar el derecho de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a desarrollar su legítima labor, sustentada en los tratados internacionales de derechos humanos que el gobierno de Venezuela se ha comprometido voluntariamente a respetar. «En el clima imperante en Venezuela, las acusaciones indiscriminadas y sin fundamento que se formulan contra organizaciones de derechos humanos como el COFAVIC, el PROVEA y la Red de Apoyo, insinuando que su legítima tarea en favor de los derechos humanos tiene el propósito de alimentar el caos político, podrían exponer a los miembros de estas organizaciones a graves peligros, entre ellos amenazas y actos de intimidación », dice Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos señala que también ve con preocupación el hecho de que el presidente Chávez no parezca estar familiarizado con el principio universal de que todos los individuos y grupos de la sociedad, en cualquier parte del mundo, deben disfrutar de la libertad de colaborar entre sí e intercambiar informaciones y conocimientos con la finalidad de proteger y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Amnistía Internacional añade que siente una gran preocupación por la posibilidad de que las calumnias y los ataques contra las organizaciones de derechos humanos desestabilicen aún más la situación existente en Venezuela, ya de por sí difícil. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la defensa del Estado de derecho en Venezuela. Recientemente, estas organizaciones han contribuido a la elaboración de la nueva Constitución, así como de otras reformas legislativas; asimismo, han defendido los derechos de los sectores más desfavorecidos y marginados de la sociedad y han dado testimonio de la ruptura del orden constitucional producida por el intento de golpe de Estado de 2002. El presidente venezolano debe retirar las acusaciones formuladas contra las organizaciones de derechos humanos y reconocer la importancia de la contribución que ellas han hecho, durante varias décadas, a los esfuerzos por forjar un país en el que los derechos y la dignidad de los individuos de todos los sectores de la sociedad se hayan convertido de mito en realidad.