El muro vulnera el derecho internacional

La víspera de la vista inicial de la Corte Internacional de Justicia sobre la construcción del muro por parte de Israel, Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades israelíes que desmonten inmediatamente las partes ya construidas en el interior de Cisjordania y detengan su construcción y demás infraestructura asociadas dentro de los Territorios Ocupados. El gobierno israelí se opone a que la Corte Internacional de Justicia vea la causa con el argumento de que se trata de un asunto “político”. “La construcción por parte de Israel de este muro dentro de los Territorios Ocupados vulnera el derecho internacional y está contribuyendo a que se cometan graves violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, es pertinente que un tribunal de justicia examine el asunto” afirma Amnistía Internacional. El 8 de diciembre de 2003, la Asamblea General de la ONU, ejerciendo su autoridad en virtud del artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, aprobó una resolución por la que pedía a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de muro dentro de los Territorios Ocupados por parte de Israel. Vulneración de los derechos de la población palestina Las autoridades israelíes afirman que el muro es “una medida defensiva, destinada a impedir la entrada de terroristas, armas y explosivos en el Estado de Israel”. Sin embargo, la mayor parte del muro no se está construyendo a lo largo de la “línea verde” que separa Israel de Cisjordania. Cerca del 90% se levanta sobre suelo palestino en el interior de Cisjordania, rodeando ciudades y pueblos palestinos y aislando comunidades y familias. Separa a los granjeros de sus tierras y a los palestinos en general de sus lugares de trabajo, escuelas, centros médicos y otros servicios básicos. La legítima necesidad de Israel de asegurar sus fronteras e impedir la entrada de personas que puedan constituir un peligro para su seguridad no justifica la construcción de semejante muro dentro de los Territorios Ocupados. Éste podría levantarse en territorio israelí a lo largo de la “línea verde”, donde los mecanismos para controlar la entrada de personas del exterior también podrían reforzarse si se considera necesario” afirma Amnistía Internacional. La construcción de este muro dentro de los Territorios Ocupados tiene graves consecuencias para cientos de miles de palestinos. Impone restricciones desproporcionadas y discriminatorias sin precedente a su circulación dentro de los Territorios Ocupados y da lugar a que se cometan otras violaciones de sus derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la alimentación, a la asistencia médica, a la educación y a un nivel de vida digno. “Toda medida que Israel adopte en los Territorios Ocupados en nombre de la seguridad debe ajustarse a las obligaciones contraídas por este Estado en virtud del derecho internacional” ha señalado Amnistía Internacional. Asentamientos ilegales El trazado del muro se ha concebido para circundar más de 50 asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados, en los que residen la mayoría de los colonos israelíes y que son ilegales con arreglo al derecho internacional. “Las excepciones que establece el derecho internacional en materia de seguridad no pueden ser invocadas para justificar la adopción de medidas que favorezcan los asentamientos ilegales israelíes en detrimento de la población palestina de los Territorios Ocupados. La construcción del muro dentro de los Territorios Ocupados es una de esas medidas y, con su configuración actual, vulnera las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario" ha afirmado Amnistía Internacional. Tanto las normas internacionales de derechos humanos como el derecho internacional humanitario exigen a Israel que, como potencia ocupante, proteja y garantice los derechos de la población palestina en los Territorios Ocupados. Obligaciones como potencia ocupante Amnistía Internacional ha pedido garantías a la comunidad internacional de que Israel acata sus obligaciones en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidas las obligaciones como potencia ocupante señaladas en el Cuarto Convenio de Ginebra. “Los intentos de resolver el conflicto entre Israel y los palestinos a través de la negociación política deben considerar y garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales de ambas poblaciones” señala la organización de derechos humanos. Amnistía Internacional ha reiterado asimismo su llamamiento a los grupos armados palestinos para que acaben de inmediato con su política de homicidios y atentados contra civiles israelíes, tanto en Israel como en los Territorios Ocupados, y ha pedido a la Autoridad Palestina que adopte medidas concretas destinadas a prevenir los atentados de grupos armados palestinos contra civiles israelíes.