El gobierno no puede impedir que la Corte Penal Internacional investigue crímenes

Amnistía Internacional siente preocupación por las declaraciones presuntamente realizadas por autoridades gubernamentales que sugieren que los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos en el norte de Uganda pueden ser abordados en procedimientos tradicionales de reconciliación, en lugar de en juicios justos celebrados ante tribunales independientes e imparciales conforme a las leyes y normas internacionales. “Uganda no puede ‘retirar’ su remisión, anunciada en enero de 2004, al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de la situación del norte del país”, ha manifestado hoy, 16 de noviembre, la organización de derechos humanos. Ayer, 15 de noviembre de 2004, el periódico New Vision, considerado cercano al gobierno, informó de que el presidente Museveni había declarado que los dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor, que lleva más de dos décadas enzarzado en un conflicto armado interno con el gobierno, podían abandonar la lucha y “participar en los mecanismos de reconciliación internos establecidos por la comunidad acholi, como los mataput o acuerdos de sangre”. Según esta fuente, el presidente añadió que, de ser así, “el Estado podría retirar su causa [ante la CPI]”. Ese mismo día, el ministro de Información y portavoz del gobierno, Nsaba Buturo, hizo declaraciones similares. Uganda remitió la situación del norte del país al fiscal de la CPI en diciembre de 2003. Dicha remisión se hizo pública el 29 de enero de 2004 en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que permite a los Estados Partes en él “remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte”. El 29 de julio de 2004, el fiscal de la CPI anunció que había abierto una investigación sobre los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en esa región desde el 1 de julio de 2002. La presunta declaración del presidente Museveni respecto a su intención de que los miembros del Ejército de Resistencia del Señor, entre los que se encuentran algunos de los principales responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, participen en procedimientos de reconciliación tradicionales en lugar de ser sometidos a investigación y posible procesamiento ante tribunales de Uganda confirma aún más que Uganda no puede ni quiere realmente investigar y procesar esos crímenes, ya sean cometidos por miembros del Ejército de Resistencia del Señor o miembros de las fuerzas gubernamentales. “El fiscal de la CPI debe dejar claro públicamente hoy mismo que tiene intención de seguir investigando enérgicamente los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos por todas las partes del conflicto del norte de Uganda. El ceder a las presiones del Estado que ha remitido la situación para que cese la investigación no beneficia ni a la justicia ni a la paz y reconciliación duraderas”, ha manifestado Erwin Van Der Borght, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. Información complementaria No hay nada en la redacción del Estatuto de Roma o en los comentarios de los destacados expertos internacionales en torno a él que sugiera que un Estado Parte, una vez que ha remitido una situación, puede “retirar” dicha remisión. En cuanto se remite la situación, la CPI adquiere competencia sobre ella y el Estado no puede “retirar” su remisión. En virtud del artículo 86 del Estatuto de Roma, el Estado a partir de entonces tiene la obligación absoluta de cooperar “plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia”. Durante casi dos décadas, con total impunidad, los miembros del Ejército de Resistencia del Señor han cometido homicidios arbitrarios, mutilaciones, secuestros y reclutamientos forzosos, han utilizado a niños como soldados y, en especial, los han utilizado como esclavos sexuales. Los miembros de las fuerzas gubernamentales han obligado a niños que regresaban del Ejército de Resistencia del Señor, ya fuera voluntariamente o a consecuencia de una acción militar, a unirse a las fuerzas armadas gubernamentales para luchar contra el Ejército de Resistencia; también han obligado a multitud de civiles a desplazarse en masa y han perpetrado otros crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La mayoría de estos delitos están abarcados por una ley nacional de amnistía que impide los procesamientos en los tribunales de Uganda. Las medidas de reconciliación tradicionales no incluyen la determinación judicial de la inocencia o la culpa, y en la práctica no garantizan que se conocerá toda la verdad sobre los crímenes o que las víctimas o sus familias recibirán pleno resarcimiento. En vista de la constante negativa de Uganda a investigar y procesar estos crímenes, la CPI puede ejercer su competencia en virtud del artículo 17 del Estatuto de Roma sobre todos los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en el norte del país, independientemente de que sus autores sean miembros del Ejército de Resistencia del Señor o de las fuerzas gubernamentales. La presunta declaración del presidente Museveni recuerda sus esfuerzos anteriores, en julio de 2004, de impedir cualquier investigación por parte del fiscal de la CPI sobre los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra que presuntamente estaban cometiendo miembros de las fuerzas armadas ugandesas en la región de Ituri, en la República Democrática del Congo. En aquella ocasión, el presidente escribió al secretario general de las Naciones Unidas sugiriendo que la República Democrática del Congo debía “suspender las actividades de la Corte Penal Internacional hasta que el proceso de paz en Ituri y en la República Democrática del Congo en general sea irreversible".