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El gobierno intenta desvirtuar su obligación legal de llevar ante los tribunales a los criminales de guerra

Amnistía Internacional considera alarmantes las informaciones publicadas hoy en el periódico de Londres The Guardian, según las cuales el gobierno británico está considerando emprender actuaciones que socavarían los esfuerzos para llevar ante los tribunales a los criminales de guerra. Según esta información, comenzó a considerarse esta posibilidad tras las protestas de las autoridades israelíes por la orden de arresto emitida en septiembre de 2005 por un tribunal británico contra el general del ejército israelí Doron Almog, orden que las autoridades británicas no ejecutaron. En ese momento, Amnistía Internacional se mostró preocupada por que las autoridades británicas no hubieran detenido al general, a pesar de existir una orden judicial. Desde entonces la organización ha pedido a las autoridades británicas que el asunto se investigue.  Amnistía Internacional ha expresado su consternación por los informes según los cuales el gobierno británico incluso contemplaría la posibilidad de debilitar sus leyes nacionales, y por tanto desvirtuar los esfuerzos mundiales para garantizar que comparezcan ante la justicia los acusados de los crímenes más atroces en virtud del derecho internacional, dondequiera que se hayan cometido. Estos informes ponen en tela de juicio el compromiso de las autoridades británicas con el ejercicio de la jurisdicción universal sobre delitos internacionales, y su determinación a garantizar reparación a las víctimas de estos crímenes. Para Amnistía Internacional también es motivo de consternación el informe según el cual el gobierno británico se disculpó ante las autoridades israelíes por el incidente del general Almog: el gobierno no debe disculparse por la aplicación legítima de la ley por parte de un miembro de la judicatura británica. Información general
En septiembre de 2005, Amnistía Internacional escribió a las autoridades británicas para expresarles su preocupación por que no se hubiera detenido al general del ejército israelí Doron Almog en el aeropuerto internacional de Londres el domingo 11 de septiembre de 2005, conforme a la orden de arresto dictada el día anterior contra él por un miembro de la judicatura por su implicación en presuntos crímenes de guerra. El general Almog aterrizó en el aeropuerto de Heathrow el 11 de septiembre en un vuelo procedente de Tel Aviv, pero rehusó desembarcar del avión, al parecer tras haber sido informado de que podría ser detenido. Mientras, la policía no entró en el aparato para detenerlo y le permitió seguir viaje a Israel en el mismo avión de la compañía El Al en el que había llegado. Al mismo tiempo, y según los informes, se permitió subir al avión a personal de la embajada de Israel. Entrevistado por los medios de comunicación a su llegada a Israel, el general Almog afirmó que el agregado militar de la embajada de Israel en Londres había podido subir al avión de El Al para entrevistarse con él, y le había aconsejado que no saliera de la nave y que regresara a Israel inmediatamente. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades británicas que lleven a cabo una investigación para determinar cómo se obtuvo ésta información y cómo se comunicó al general Almog. El general Almog fue jefe de la Comandancia del Sur del ejército israelí, una zona que incluye la Franja de Gaza, entre diciembre de 2000 y julio de 2003. Está acusado de implicación en la destrucción de 59 viviendas palestinas por el ejército israelí en un campo de refugiados de Rafah el 10 de enero de 2002. La orden de arresto contra el general Almog fue emitida en el Tribunal de Bow Street con arreglo a los Convenios de Ginebra de 1957. El asunto se puso luego en manos de la Unidad Antiterrorista y de Crímenes de Guerra de la Policía Metropolitana. En los últimos cinco años, desde el estallido de la segunda Intifada en septiembre de 2000, el ejército israelí ha destruido unas 4.000 viviendas palestinas en los Territorios Ocupados, aproximadamente la mitad en la Franja de Gaza, así como amplias zonas de tierra cultivada, propiedades comerciales y edificios públicos, redes de agua y electricidad y otras infraestructuras públicas. En la inmensa mayoría de los casos no había ninguna necesidad militar que justificara la destrucción, llevada a cabo de forma gratuita e ilegal. Esta destrucción constituiría por tanto una grave vulneración del Cuarto Convenio de Ginebra, y por consiguiente un crimen de guerra. Las autoridades de Israel han incumplido sistemáticamente las obligaciones de este país en virtud del derecho internacional de investigar éstos y otros abusos contra los derechos humanos y poner a los responsables a disposición judicial. El Reino Unido, como Parte en el Cuarto Convenio de Ginebra, tiene la facultad de procesar a cualquier persona sobre la que pese la sospecha razonable de haber cometido un crimen de guerra. Además, cada Estado Parte tiene la facultad de emitir órdenes de arresto en virtud del artículo 146 y, si el sospechoso entra en su territorio, la obligación de ejecutar dichas órdenes.

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