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El gobierno debe detener ya a los sospechosos de crímenes de guerra

  • Campaña "Justicia para Darfur"

Londres.- Un año después de que la Corte Penal Internacional (CPI) dictara sendas órdenes de arresto contra dos sospechosos de crímenes de guerra en Darfur, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo lanzan el 27 de abril la campaña “Justicia para Darfur”, pidiendo que los dos sean detenidos.

Las organizaciones responsables de la campaña, entre las que figuran Amnistía Internacional, el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, la Coalición de ONG por la Corte Penal Internacional, Human Rights First, Human Rights Watch y la Organización Sudanesa contra la Tortura, han unido sus fuerzas para pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y a los gobiernos que presionen a Sudán para que coopere con la CPI.

La CPI ha estado investigando los crímenes cometidos en la región desde que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hace tres años la decisión de remitirle la situación de Darfur. Hace un año, el 27 de abril de 2007, la CPI dictó dos órdenes de detención contra el ex ministro de Estado del Interior sudanés, Ahmad Harun, y el dirigente de los yanyawid Ali Kushayb por 51 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hoy, ambos hombres, contra los que se han presentado cargos de persecución, violación y homicidio de civiles en cuatro aldeas de Darfur Occidental, continúan en libertad.   

“Las miles de personas víctimas de asesinato, violación y persecución en Darfur merecen justicia –ha dicho Dismas Nkunda, copresidente del Consorcio de Darfur, grupo de ONG de África y Oriente Medio–, pero sólo consiguen el desprecio de su propio gobierno y palabras vacías de la comunidad internacional. Es hora de que eso cambie”.

El gobierno sudanés se ha negado pública y reiteradamente a entregar a Ali Kushayb o a Ahmad Harun a la Corte. Por el contrario, Ahmad Harun ha sido nombrado ministro de Estado para Asuntos Humanitarios, responsable del bienestar de las propias víctimas de sus presuntos crímenes. Además de tener un considerable poder sobre las operaciones humanitarias, es responsable del enlace con la fuerza internacional de mantenimiento de la paz (UNAMID), encargada de proteger a la población civil frente a tales crímenes. El otro sospechoso, Ali Kushayb, se encontraba bajo custodia en Sudán por otros cargos en el momento en que se dictaron las órdenes de la CPI, pero en octubre el gobierno anunció que había quedado en libertad, según los informes, debido a “falta de pruebas”.

“El gobierno sudanés ha mostrado un evidente desprecio tanto hacia la autoridad del Consejo de Seguridad como hacia las víctimas de su brutalidad”, ha manifestado Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch.  “Hasta ahora, su evidente desdén hacia la Corte y el Consejo no ha tenido ninguna consecuencia para Sudán”.

Los miembros de “Justicia para Darfur” instan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que apruebe una resolución pidiendo a Sudán que coopere plenamente con la CPI y detenga de inmediato a Ahmad Harun y a Ali Kushayb, entregándolos a la Corte.   “Es hora de que el Consejo de Seguridad actúe para garantizar que estos hombres son detenidos y entregados a la CPI sin más dilación, como primer paso para terminar con la impunidad de los terribles crímenes cometidos a gran escala en Darfur”, ha dicho Christopher Hall, asesor jurídico del Proyecto de Justicia Internacional de Amnistía Internacional.

El grupo también ha pedido a la Unión Europea, que ha sido una firme defensora de la Corte y ha jugado un papel fundamental a la hora de presentar ante su fiscal los crímenes de Darfur, que presione a Sudán a fin de que este país coopere con la CPI y acate las órdenes de detención. Lo mismo han pedido a otros Estados y organizaciones regionales.

“A través de la campaña ‘Justicia para Darfur’, las organizaciones trabajarán juntas para generar toda la presión que sea posible sobre la comunidad internacional para que ésta lleve adelante su compromiso de proporcionar justicia a las víctimas de estos crímenes” ha dicho Moataz El Fegiery, director ejecutivo del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos. Para más información sobre esta campaña: www.justice4darfur.org

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