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El ELN debe liberar de inmediato a dos mujeres secuestradas

Amnistía Internacional pide la inmediata liberación de Élida Parra Alfonso y Gina Paola Uribe Villamizar, tomadas como rehenes el 24 de julio de 2012, así como el respeto para sus vidas y su seguridad personal. En un comunicado enviado el 30 de julio a las familias de las mujeres, el grupo guerrillero Ejército Nacional de Liberación (ELN) se atribuía la responsabilidad del secuestro. Posteriormente, en un vídeo enviado a los medios de comunicación, ambas aparecían custodiadas por unos hombres armados y con insignias del ELN.

Élida Parra Alfonso, periodista de Radio Sarare, fue secuestrada el 24 de julio de su domicilio en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, en el norte de Colombia. Gina Paola Uribe Villamizar, ingeniera ambiental, fue secuestrada ese mismo día en el mismo municipio. Ambas trabajan para el proyecto Oleoducto Bicentenario de Colombia, construcción de un oleoducto que transportará crudo con destino a la exportación desde los puertos colombianos del Caribe.

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la seguridad de las dos mujeres y pide a las autoridades que, de acuerdo con sus familiares, tomen las medidas necesarias para garantizar su inmediata liberación y la protección de sus vidas y de su seguridad personal.

Amnistía Internacional condena la toma de rehenes y la retención ilegal de personas. La toma de rehenes es una grave violación del derecho internacional humanitario. Pedimos la liberación inmediata e incondicional de las mujeres y de cualquier otro miembro de la población civil que esté retenido por los bandos del conflicto armado de Colombia. Amnistía Internacional pide también a las autoridades que identifiquen a los responsables de este y otros casos de secuestro y toma de rehenes y se aseguren de que son puestos a disposición judicial.

Este secuestro se produce en un momento en que circulan por el departamento de Arauca folletos anunciando una “limpieza social” del grupo paramilitar Águilas Negras. En estas amenazas de muerte se califica a varias autoridades locales de colaboradores de la guerrilla. 

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