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El Anteproyecto de ley que restringe el aborto debe ser retirado porque pone en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas

Protesta en Madrid contra la propuesta de la nueva ley del aborto del Gobierno frente a la sede del Ministerio de Sanidad. 28 de mayo 2013. (AP Photo / Daniel Ochoa de Olza)

El gobierno español debe retirar el anteproyecto de ley que pretende restringir el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto seguro y legal, dijo Amnistía Internacional en una carta enviada al ministro de Justicia el 20 de febrero.

“En caso de ser aprobado, este anteproyecto de ley retrotraería el país varias décadas, a una época precaria para los derechos humanos de las mujeres y niñas", dijo Jezerca Tigani, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional.

“Esta reforma podría causar un aumento en el número de mujeres y niñas que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, y hasta su vida. Además, limita el derecho de las mujeres y niñas a tomar decisiones por sí mismas y restringe su autonomía.”

La propuesta además incumple las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por España y las recomendaciones de expertos internacionales sobre la plena implementación de la ley actual.

“El anteproyecto es discriminatorio. Si es aprobado, afectará desproporcionadamente a mujeres jóvenes y en situación de pobreza, puesto que no tienen los medios necesarios para viajar al extranjero y acceder a abortos seguros y legales", añadió Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional en España.

Entre los obstáculos que introduce el anteproyecto de ley, cualquier mujer que quiera acceder a un aborto seguro y legal, deberá obtener dos dictámenes médicos de centros diferentes certificando cualquier posible riesgo para la salud o la vida de la mujer y el feto, recibir apoyo psicológico obligatorio e información sobre cuestiones no médicas y luego esperar siete días durante el llamado “período de reflexión”. En caso de tener entre 16 y 18 años, se les exigirá consentimiento parental.

El anteproyecto también exige que las mujeres y niñas que fueron violadas tengan que hacer una denuncia antes de poder acceder a un aborto legal y seguro. Esto sería particularmente problemático para algunas mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, que en caso de presentar una denuncia por violación podrían, en ciertos casos, quedar expuestas a que se les abra un procedimiento de expulsión si hacen la denuncia.

“Las mujeres y las niñas que no deseen denunciar el delito no deberían verse obligadas a hacerlo y, mucho menos, para poder acceder a los servicios que necesitan para gestionar las consecuencias de la violación", aseguró Esteban Beltrán.

“El nuevo anteproyecto de ley propone una carrera de obstáculos humillante y muy difícil de superar, imponiendo múltiples barreras para el acceso al aborto legal y seguro y mermando la autonomía de las mujeres y niñas", añadió Jezerca Tigani.

Así mismo, la organización afirmó que el anteproyecto de ley tendría un impacto negativo en el trabajo de los profesionales de la salud, creando un clima de miedo que podría llevar a los médicos a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las mujeres. Este anteproyecto de ley pone bajo cuestión el juicio médico de los profesionales de la salud y limita su capacidad de proveer información, consejo y servicios médicos a sus pacientes.

“Este anteproyecto de ley es una medida regresiva bajo el derecho internacional, que tiene serias implicaciones para la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Amnistía Internacional urge a las autoridades retirarlo inmediatamente", insistió Esteban Beltrán.

 

Información complementaria

El Consejo de Ministros de España del pasado 20 de diciembre adoptó el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada y está pendiente de iniciar su trámite parlamentario.

En 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) pidió al Gobierno español que garantizase la implementación de la Ley 2/2010, para asegurar a todas las mujeres el acceso a abortos seguros y legales.

También solicitó al Estado garantizar el acceso equitativo al derecho al aborto, asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo, y prestar especial atención a la situación de las adolescentes y migrantes.

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa, por su parte, han alertado que las leyes restrictivas del aborto no consiguen reducir el número de éstos, sino que, al contrario, contribuyen a incrementar el número de procedimientos ilegales e inseguros, así como la mortalidad materna.

El anteproyecto de ley propone prohibir materiales publicitarios sobre centros de salud que provean terminaciones voluntarias del embarazo. Esto va en contra de las recomendaciones del Comité DESC sobre la obligación de informar a las mujeres sobre servicios de aborto legal y seguro. La OMS también ha recomendado la descriminalización de la provisión y acceso a información sobre abortos.

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, la OMS y el Consejo de Europa han dictaminado que los plazos de espera obligatorios que no son médicamente necesarios; la aprobación de más de un profesional de la salud y la obligación de obtener consentimiento paterno, constituyen barreras en el acceso al aborto legal y seguro, especialmente para las mujeres con bajos recursos y jóvenes. Asimismo, la OMS ha recomendado que el asesoramiento a la mujer, si lo solicita, no sea directivo (no trate de influir), para facilitar la decisión informada.

Amnistía Internacional también pidió al gobierno español que garantice la participación activa y eficaz de las personas y organizaciones afectadas en el desarrollo del anteproyecto de ley, algo que no se realizó antes de la adopción del mismo en el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre.

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