El fallo condenatorio pronunciado hoy contra Khaled Ali, ex candidato presidencial y destacado abogado de derechos humanos a quien muchos consideran el mayor rival del presidente Abdel Fatah al Sisi para las elecciones presidenciales de 2018, se basa en motivos políticos, ha afirmado Amnistía Internacional. Khaled Ali fue condenado a tres meses de cárcel, lo que le impediría presentarse a las elecciones presidenciales de 2018 si la sentencia se confirma en apelación. El tribunal lo declaró culpable de “quebrantar la moral pública” en relación con una fotografía en la que aparecía celebrando una victoria judicial tras lograr que se revocase la polémica decisión del gobierno egipcio de entregar a Arabia Saudí el control de dos islas del mar Rojo. Quedó en libertad bajo fianza de 1.000 libras egipcias en espera de la apelación. “La sentencia condenatoria dictada hoy contra Khaled Ali, basada en motivos políticos, es una señal inequívoca de que las autoridades están decididas a eliminar a cualquier rival que se interponga en el camino de Abdel Fatah al Sisi para triunfar en las elecciones del año que viene. Además, refleja la implacable determinación del gobierno para aplastar la disidencia y así consolidar su poder”, ha afirmado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África. “Es inconcebible que se haya condenado a prisión a Khaled Ali, destacado abogado de derechos humanos y activista político, simplemente por celebrar su victoria en una causa judicial. El fallo condenatorio dictado en su contra por este cargo absurdo debe ser anulado.” El juicio sobre el caso de Khaled Ali, además, estuvo plagado de defectos; el tribunal pronunció su decisión sin oír los alegatos finales de los abogados defensores y sin permitir que estos repreguntaran a los testigos de la acusación en relación con las controvertidas pruebas videográficas presentadas contra su defendido, que, según argumentaron, eran falsas. Anteriormente en el año, Amnistía Internacional ya advirtió de que las autoridades egipcias habían intensificado su campaña represiva contra activistas de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2018 practicando detenciones de activistas de partidos de la oposición.
