Aunque la propuesta del gobierno danés de confiscar ciertos bienes de las personas refugiadas ha desatado la indignación de la opinión pública, el Parlamento de ese país está tramitando con rapidez otras medidas igualmente trascendentales y regresivas: más restricciones en los requisitos para obtener la residencia permanente, reducciones en la duración de los permisos de residencia permanente y la introducción de tarifas para las solicitudes de reunificación familiar (actualmente 7.000 coronas danesas, aproximadamente 900 euros, por solicitud), así como los gastos de viaje hasta Dinamarca de los familiares. El gobierno ha seguido adelante con estos planes pese a reconocer que podría violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la vida familiar. La agencia para los refugiados de la ONU (ACNUR) ha advertido también de que estas propuestas podrían violar otros artículos del Convenio Europeo y la Convención sobre los Derechos del Niño. Las medidas —incluidas las reformas aprobadas en noviembre de 2015 que permiten que la policía detenga a solicitantes de asilo y migrantes sin supervisión judicial— son parte del objetivo declarado del gobierno de hacer que Dinamarca sea menos atractiva a la hora de solicitar asilo.“La separación puede tener un impacto devastador en las familias, incluso para su rehabilitación de las experiencias traumáticas y su capacidad para integrarse y adaptarse a la vida en un nuevo país”Gauri van Gulik, directora adjunta del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional
Tras la votación parlamentaria del jueves sobre las últimas reformas, una votación final el 26 de enero las convertiría en ley.
Amnistía Internacional pide a los Estados que presionen a Dinamarca para que cambie su preocupante postura sobre las personas refugiadas cuando sometan a este país al examen público universal de la ONU el jueves.
“La comunidad internacional debe hacer una llamada al orden a Dinamarca, que está iniciando una carrera hacia el abismo. Pese a que este país fue uno de los primeros adalides de la Convención sobre los Refugiados, su gobierno está ahora creando abiertamente obstáculos para el bienestar y la seguridad de las familias refugiadas”, concluyó Gauri van Gulik.