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Defensores de derechos humanos amenazados. Amnistía Internacional pide que se anule la prohibición de una destacada organización independiente de derechos humanos

Londres.- Amnistía Internacional expresa su alarma ante la continua erosión de la situación de los derechos humanos en Irán, que se ha hecho patente con el anuncio de la prohibición del Centro de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), uno de cuyos fundadores es Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

La prohibición del CDDH y las amenazas de detener a sus miembros si continúan con su labor representan un golpe en el corazón de la lucha por los derechos humanos en Irán. La elección del CDDH es representativa del clima de intimidación y acoso que padece la comunidad de defensores de derechos humanos en Irán cuando realiza su labor.

El 3 de agosto, el Ministerio del Interior anunció la prohibición del Centro de Defensa de los Derechos Humanos. La Secretaría del Comité para el artículo 10 de la Ley sobre Actividades de Partidos y Organizaciones declaró:  “[…] cualquier actividad que se realice bajo el nombre de Kanoon-e Modafean Hogooge Bashar es ilegal y los infractores serán enjuiciados en consecuencia”.

El Centro de Defensa de los Derechos Humanos fue fundado en el 2002 por Shirin Ebadi. Entre sus miembros figuran algunos de los defensores y abogados de derechos humanos más destacados de Irán. El Centro ha hecho una inestimable contribución al desarrollo de una cultura de los derechos humanos en Irán, y los esfuerzos de otros defensores de derechos humanos en Irán han reforzado su labor.

El CDDH tiene tres funciones declaradas: denunciar las violaciones de los derechos humanos en Irán, proporcionar asistencia letrada gratuita a presos políticos y apoyar a las familias de los presos políticos. Sus miembros han impulsado casos destacados de impunidad y han defendido a víctimas prominentes de violaciones de derechos humanos. Los abogados del Centro representaron a la familia de Zahra Kazemi, la periodista canadiense iraní que murió en la prisión de Evin en junio de 2003, y al preso de conciencia Akbar Ganji.

Al igual que otras organizaciones de derechos humanos en Irán, el CDDH ha sufrido retrasos en su inscripción legal. El Centro presentó documentación sobre su fundación hace cuatro años, pero no había recibido ninguna respuesta, pese a los reglamentos que obligan al Ministerio del Interior a responder en el plazo de tres meses desde que se presenta la solicitud.

Al igual que otros defensores de derechos humanos en Irán, los miembros del Centro han sido objeto de continuos actos de acoso e intimidación. Por ejemplo, en julio de 2006, la Sala 26 del Tribunal Revolucionario condenó a Abdolfattah Soltani a cinco años de prisión tras declararlo culpable de “revelar documentos confidenciales” y hacer “propaganda contra el régimen”. También se le ha privado de sus derechos sociales durante cinco años, lo que incluye ejercer la abogacía. Tras el fallo judicial, Abdolfattah Soltani declaró: “Mi delito es aceptar casos políticos, incluidos casos de periodistas, estudiantes y dos procesados nucleares [...] no he infringido la ley en ningún otro aspecto. Están intentando tratarme de modo que ningún otro abogado acepte casos políticos”. Abdolfattah Soltani estuvo encarcelado más de siete meses, incluidos 43 días en régimen de aislamiento, hasta que en marzo de 2006 fue puesto en libertad bajo fianza, pendiente de juicio.
El CDDH ha declarado su intención de proseguir sus actividades de defensa de los derechos humanos de los iraníes. Si los miembros del Centro son detenidos o encarcelados sólo debido a estas actividades legítimas, Amnistía Internacional los consideraría presos de conciencia y haría campaña a favor de su liberación inmediata e incondicional.

Dada la creciente crisis de derechos humanos, es necesario permitir que los defensores de derechos humanos de Irán realicen sus actividades legítimas en defensa de estos derechos.

Irán es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de creencia, de expresión y de asociación. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades iraníes el artículo 12 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU, que establece que: “Toda persona tiene derecho [...] a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.” Además, la Declaración exige que “[e]l Estado garantizará la protección [...] frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del derecho legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”

Amnistía Internacional pide que se anule inmediatamente la prohibición. En lugar de clausurar y perseguir al CDDH, Amnistía Internacional pide a la Oficina del Líder Supremo de Irán que reconozca a quienes tratan de promover y proteger los derechos humanos en Irán y que instruya al poder judicial, al gobierno y al parlamento para que pongan en práctica en la legislación nacional lo previsto en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU.

Información complementaria
Los defensores de derechos humanos de Irán tienen severas limitaciones en su labor. La legislación iraní restringe severamente la libertad de expresión y de asociación, y los defensores de derechos humanos suelen sufrir represalias a causa de su labor en forma de acoso, intimidación, ataques, detención, encarcelamiento y tortura. Muchos están sometidos a la prohibición de viajar, lo que les impide salir del país. El proceso de inscripción legal de las organizaciones no gubernamentales (ONG) independientes es complejo y a menudo se deniega la inscripción, lo que hace que las ONG corran el riesgo de ser clausuradas por la fuerza. Pocas se arriesgan a aceptar fondos extranjeros por miedo a ser acusadas de contactar con, y apoyar a, “organizaciones extranjeras hostiles” o de “espionaje”. Por ejemplo, parece que en enero de 2006 el Ministerio del Interior estaba elaborando una lista de ONG que presuntamente recibían fondos de “fuentes internas y externas problemáticas encaminadas a derrocar el sistema”, algunas de las cuales habían recibido apoyo de la oficina del ex presidente Jatami. Al parecer, el Ministerio del Interior estaba preparando medidas para restringir sus actividades.