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Decretos legislativos constituyen un grave retroceso en derechos humanos

Alan García, durante una visita a Brasilia. Copyright Agência Brasil bajo licencia Creative Commons

Londres.- El gobierno peruano debe abandonar todo intento por legislar a favor de violadores de los derechos humanos, dice Amnistía Internacional.


Cuatro decretos legislativos emitidos por el Presidente Alan García, en uso de las facultades delegadas por el Congreso del Perú, podrían permitir el cierre de las causas que involucran a personas que están siendo investigadas por crímenes de lesa humanidad.
Los decretos legislativos adoptados el pasado miércoles en el Perú constituyen un grave retroceso en el respeto de los derechos humanos y sientan las bases para una posible amnistía encubierta”, manifestó Susan Lee, Directora del Programa América de Amnistía Internacional.


Los dispositivos aprobados por el presidente García abarcan desde la sanción de un nuevo Código de Justicia Militar Policial, hasta la aplicación de nuevas normas procesales para casos de violaciones a los derechos humanos.


El decreto 1097 permite decidir el sobreseimiento de los acusados ‘que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación’ por el Ministerio Público y el Poder Judicial. “La falta de empeño del estado peruano en investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, es una excusa para el cierre de las pesquisas contra personas acusadas de haber cometido dichos crímenes, lo cual podría constituir una amnistía encubierta”, afirmó Susan Lee.

 

Por otro lado, el decreto 1094, permite que los crímenes de guerra estén sujetos a prescripción. Además, este decreto, que establece un nuevo Código de Justicia Militar Policial, se extralimita ya que propone que los tribunales militares no solo juzguen delitos o faltas típicamente militares, sino también crímenes de guerra, que pueden ser cometidos en conflictos armados internos contra la población civil. Estos delitos deberían ser juzgados por tribunales civiles.

 

En 2006 el Tribunal Constitucional había decidido que la inclusión de crímenes de guerra en el Código de Justicia Militar era contraria al ordenamiento jurídico peruano y decretó su inconstitucionalidad.

 

Información adicional

 

Sin perjuicio de hacer pública más adelante una crítica detallada de los cuatro decretos legislativos adoptados el 1° de Septiembre por el Presidente Alan García, Amnistía Internacional estima que, en abierta contradicción con la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de los que el Perú es un estado parte, el nuevo Código de Justicia Militar Policial consagra la prescripción de los crímenes de guerra y admite también las amnistías y los indultos para las personas responsables de tales crímenes.


Tales normas contravienen las obligaciones del Perú bajo el derecho internacional convencional y consuetudinario y deberían ser dejadas de lado prontamente. Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en varias oportunidades que los estados no pueden oponer ni amnistías ni prescripción ni cosa juzgada en los casos en que se ventilan graves violaciones de derechos humanos.

 

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para determinar las circunstancias que rodearon los abusos contra los derechos humanos cometidos en las décadas de 1980 y 1990, de los 69.000 casos de personas que se calcula que perdieron la vida o desaparecieron en esos veinte años, el 54 por ciento fueron obra del grupo armado de oposición Sendero Luminoso y el 46 por ciento de las fuerzas armadas.

 

Mientras que en la actualidad cientos de miembros de Sendero Luminoso están encarcelados, los primeros juicios contra miembros de las fuerzas armadas presuntamente responsables de 47 de esos casos comenzaron en 2005 en circunstancias muy difíciles. Se ha expresado preocupación porque no se estaban ejecutando las órdenes de detención contra agentes del ejército y la policía acusados de violaciones de derechos humanos, porque algunos de los casos seguían juzgándose ante tribunales militares y porque, según informes, el Ministerio de Defensa no había cooperado con los tribunales civiles. No obstante, el sistema de justicia peruano ha dado pasos importantes en los últimos años para acabar con la impunidad, entre ellos el juicio que se celebra actualmente contra el ex presidente Alberto Fujimori.