Ante el debate sobre el estado de la nación, que se inicia mañana martes 12 de julio, el Gobierno y el Congreso deben impulsar una investigación para aclarar lo sucedido en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio. Esa fecha ha pasado a la historia como la mayor tragedia humanitaria de la democracia en la frontera sur. El Gobierno y el Congreso deben aprobar medidas para evitar que hechos así vuelvan a suceder.
Las declaraciones de apoyo a la actuación de Marruecos del presidente Sánchez, nada más conocerse la noticia y sin tener toda la información, según confirmó con posterioridad, son cuando menos imprudentes y no están a la altura de lo que se espera de un Gobierno que afirma estar comprometido con el respeto a los derechos humanos.
Amnistía Internacional pide al presidente Sánchez y a todos los grupos parlamentarios que aprovechen el próximo debate sobre el estado de la nación para condenar este tipo de actuaciones. La organización ha encontrado indicios de hasta ocho violaciones de derechos humanos protagonizadas por fuerzas de seguridad españolas o por las fuerzas marroquíes, entre ellas las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como “devoluciones en caliente” y contrarias al derecho internacional, que ampara la actual Ley de Seguridad Ciudadana.
La organización recuerda una vez más que para evitar todo este sufrimiento son necesarias vías legales y seguras para que todas las personas que se ven forzadas a desplazarse, independientemente de su procedencia, vean respetados sus derechos a un procedimiento con todas las garantías y no discriminatorio para pedir asilo y protección.
En este sentido, Amnistía Internacional llama la atención sobre la importancia del proceso de negociación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en el cual España tiene un papel fundamental al asumir la Presidencia de la Unión el próximo año. La organización solicita al Gobierno que impulse un cambio de rumbo en la política europea en materia de migración y asilo para poner en el centro los derechos de las personas migrantes y refugiadas y evitar que tragedias como esta se produzcan.
Por otra parte, en relación a la Segunda Reunión Temática de Alto Nivel de la Presidencia Española del Proceso de Rabat sobre gestión integrada de fronteras, que albergó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación los pasados 5 y 6 de julio, con participación de 30 países miembros, la Comisión Europea y la agencia FRONTEX, es paradójico que España presida un organismo internacional que promueve el respeto a los derechos humanos y la gestión ordenada de la migración y, al mismo tiempo, alabe la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en la frontera.
Tambiénes necesario revisar la cooperación con Marruecos para garantizar que sus políticas de control migratorio tienen como prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. En este sentido, sería deseable que el ministro Marlaska diera cuenta de su viaje a Marruecos del pasado viernes 8 de julio y explicara si discutió con su homólogo marroquí el necesario cambio en la gestión de fronteras para que la tragedia de Melilla no vuelva a repetirse.
Afianzar los derechos humanos en España
A falta de un año para que acabe la legislatura, el Gobierno y el Congreso tienen la oportunidad de afianzar la protección a los derechos humanos en España reformando sustantivamente la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y la Ley de Secretos Oficiales.
La Ley Mordaza acaba de cumplir siete años y sigue siendo a día de hoy una amenaza para los derechos humanos en España que afecta de lleno al derecho a la protesta, al derecho a la libertad de reunión y manifestación, y al derecho a producir y recibir información. Es lamentable que siga vigente y que, tras seis años de bloqueo parlamentario para reformarla, consolide el recorte de derechos humanos en nombre de la seguridad.
Por su parte, la Ley de Secretos Oficiales, que limita gravemente el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, tampoco ha sido reformada en toda la legislatura. El pasado 25 de mayo el presidente del Gobierno anunció en el Pleno del Congreso de los Diputados la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales, que sustituiría a la vigente desde 1968 y que, a juicio del Gobierno, era imprescindible cambiar. Esta ley permite actualmente la opacidad informativa y contribuye a la falta de transparencia. Al amparo de esa oscuridad, se producen numerosas violaciones de derechos humanos. Además, la amnesia es una dolencia grave para un Estado social y democrático de derecho y, especialmente, cuando afecta a informaciones del pasado, del presente y del futuro que están relacionadas con el respeto y protección de los derechos humanos.
En relación a las políticas migratorias, la organización ha podido constatar la falta de transparencia del Gobierno, que se ampara en la Ley de Secretos Oficiales respecto a los acuerdos con Marruecos. Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido una respuesta formal del Ministerio del Interior sobre la naturaleza clasificada o no de éstos.
Los 'secretos oficiales' son un tema clave de derechos humanos. Convertir información pública en “secreto” o “material reservado” significa restringir el derecho de acceso a la información. Por tanto, urge su reforma inmediata así como garantizar que toda restricción del derecho de acceso a la información cumple los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
