Darfur necesita una fuerza de protección enérgica

Nueva York. El Consejo de Seguridad de la ONU debe garantizar el despliegue urgente en Darfur de una misión de la ONU enérgica, autorizada a hacer uso de la fuerza para proteger a los civiles, han manifestado Amnistía Internacional, Human Rights Watch e International Crisis Group en una carta conjunta enviada hoy a los Estados miembros del Consejo. “El Consejo de Seguridad debe cumplir con su ‘responsabilidad de proteger’ a los civiles sudaneses de nuevos ataques, insistiendo en que Jartum deje de andarse con rodeos y acepte una fuerza de la ONU enérgica –ha señalado Gareth Evans, presidente de International Crisis Group–. Mientras tanto, es preciso apoyar y reforzar los esfuerzos de la Unión Africana en Darfur para que pueda proteger mejor a los civiles.” El 28 de abril, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1674, que hace hincapié en la responsabilidad de los Estados de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Darfur es un una prueba clave del compromiso del Consejo de Seguridad con el concepto de “responsabilidad de proteger”. Decenas de miles de personas han sido víctimas de homicidio, violación y agresión, y casi dos millones han sido expulsadas de sus hogares, debido a una campaña de contrainsurgencia del gobierno sudanés que ha sido causa de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. “El primer obstáculo que hay que superar son las objeciones de Jartum a la fuerza de la ONU –ha manifestado Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch–. El reto siguiente consiste en garantizar que las tropas de la ONU están autorizadas a detener los ataques contra civiles, y no se quedan simplemente mirando cómo continúan los homicidios.” Jartum continúa resistiéndose a admitir una fuerza de la ONU a pesar del acuerdo de paz de Darfur del 5 de mayo, que impuso como condición previa para el despliegue de tropas de la ONU en Darfur. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que se pedía al gobierno sudanés que facilitara el acceso de planificadores de la ONU antes del 23 de mayo, plazo que ya ha pasado. El secretario general de la ONU nombró a Lakhdar Brahimi enviado especial de la ONU, y el 25 de mayo éste anunció que el gobierno sudanés había accedido a permitir la entrada del equipo de planificación de la ONU, aunque dio pocos detalles del resultado de sus conversaciones con las autoridades sudanesas. Amnistía Internacional, Human Rights Watch e International Crisis Group han manifestado que si Jartum no acata la resolución del Consejo de Seguridad, éste debe considerar la posibilidad de imponer nuevas sanciones a las autoridades sudanesas que están bloqueando la transición de la ONU. En la carta conjunta se pide también a los gobiernos donantes que proporcionen de inmediato fondos y apoyo logístico y técnico a la misión de la Unión Africana en Darfur (AMIS). El 15 de mayo, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana aprobó la transferencia de su misión de 7.000 miembros en Darfur a una fuerza de la ONU el 1 de octubre de 2006 o antes. “Pueden pasar meses antes de que la ONU esté totalmente desplegada, así que es esencial prestar de inmediato apoyo a la Unión Africana –ha señalado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional–. Los gobiernos donantes deben demostrar que están dispuestos a proteger a la población de Darfur comprometiéndose públicamente a proporcionar los fondos y los recursos militares que tan desesperadamente necesita la Unión Africana (y también la ONU).” La misión de la Unión Africana ha tenido que enfrentarse al deterioro de la situación de seguridad sobre el terreno. Desde finales de 2005 han aumentado los ataques contra civiles, trabajadores humanitarios y personal de la AMIS. La ONU calcula que, en abril de 2006, al menos  650.000 civiles en situación de necesidad no recibían asistencia humanitaria por no poder los trabajadores de las organizaciones humanitarias llegar a ellos.