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Crímenes de guerra sin rendición de cuentas

Cuando se cumple un año del comienzo de la guerra de 34 días entre Hezbolá e Israel, Amnistía Internacional ha condenado hoy, 12 de julio de 2007, la total ausencia de medidas en los dos países afectados y en la comunidad internacional para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra y otras violaciones graves cometidas durante el conflicto de julio y agosto de 2006.

 

"Sin una investigación completa e imparcial, dirigida por la ONU, que incluya la concesión de indemnizaciones a las víctimas, existe el peligro real de que la historia se repita. La total ausencia de voluntad política para obligar a rendir cuentas los responsables de homicidios indiscriminados de civiles, más de un millar de los cuales perdieron la vida, es una grave traición a las víctimas y una vía abierta para posibles nuevos derramamientos de sangre con impunidad entre la población civil", ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

 

Durante la guerra y después del conflicto, Amnistía Internacional investigó las violaciones del derecho internacional humanitario –incluidos los crímenes de guerra– cometidos por las fuerzas israelíes y por los combatientes de Hezbolá y publicó sus conclusiones en tres informes en 2006. Ante la evidente falta de disposición de todas las partes afectadas para investigar las violaciones, la organización pidió a la ONU que estableciera una investigación exhaustiva, imparcial e independiente, facultada para investigar los datos sobre de violaciones del derecho internacional cometidas por Hezbolá e Israel y para disponer la concesión de indemnizaciones a las víctimas. Sin embargo, a la comunidad internacional le ha faltado voluntad política para adoptar las medidas necesarias para emprender esa investigación.

 

La política partidista y la selectividad en organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU –el principal organismo con autoridad para decidir sobre tales asuntos sin el acuerdo de las partes afectadas– han dejado de hecho a las víctimas libanesas, israelíes y otras sin la posibilidad de recurrir a la justicia.

 

En cambio, la decisión del Consejo de Seguridad de establecer un tribunal para enjuiciar a las personas acusadas de responsabilidad en el asesinato del ex primer ministro de Líbano, Rafik Hariri, y en otros asesinatos de índole política muestra que cuando hay voluntad política es posible crear los mecanismos para establecer la verdad a pesar de la oposición de algunas partes afectadas. Amnistía Internacional acoge con satisfacción el establecimiento del tribunal pero continúa subrayando la urgente necesidad de una estrategia integral para abordar los crímenes de guerra y los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado en Líbano, incluidos los perpetrados durante la guerra de julio y agosto de 2006.

 

En Israel, la investigación llevada a cabo sobre la conducta de las fuerzas israelíes durante la guerra se limitó a la estrategia militar y no se intentó investigar las violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, ni establecer un mecanismo para que los responsables de tales violaciones rindan cuentas. En Líbano, no se ha llevado a cabo investigación oficial alguna. Una investigación designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió un mandato parcial, centrado únicamente en los datos sobre violaciones cometidas por las fuerzas israelíes. 

 

Israel, Líbano y todos los demás países que están en condiciones de hacerlo deben investigar y enjuiciar a las personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra.

 

Aunque el conflicto terminó tras un alto el fuego auspiciado por la ONU y acordado el 11 de agosto de 2006, sus repercusiones siguen pesando sobre la población civil.

 

Decenas de personas han perdido la vida o han resultado heridas en el sur de Líbano como consecuencia de la explosión de bombas de racimo, en su mayor parte lanzadas por las fuerzas israelíes en las últimas 72 horas del conflicto, cuando el alto el fuego ya se había acordado pero aún no había entrado en vigor. El Centro para la Coordinación de Actividades Relativas a las Minas de las Naciones Unidas ha identificado 922 lugares en los cuales están diseminados los restos sin detonar pero todavía letales de bombas de racimo y otros artefactos, y calcula que la limpieza requerirá al menos un año. De acuerdo con el Centro, desde el alto el fuego hasta el 20 de junio de 2007, 32 personas –24 civiles y 8 especialistas en desactivación– han perdido la vida y 210 personas han resultado heridas en el sur de Líbano debido a municiones de racimo que no explotaron en su momento.

"Amnistía Internacional reitera su llamamiento a Israel para que entregue mapas que detallen las zonas donde sus fuerzas lanzaron bombas de racimo. Estos mapas son de vital importancia para ayudar en la eliminación de bombas y para evitar que produzcan nuevas víctimas", ha declarado Malcolm Smart.

 

La organización pide asimismo al gobierno de Israel que imponga una suspensión sobre el uso de armas de racimo y proporcione mapas de los lugares donde sus fuerzas han colocado minas terrestres en el sur de Líbano en los últimos años.

 

"El Consejo de Seguridad debe declarar y hacer cumplir un embargo de armas contra Israel y Hezbolá hasta que se disponga de mecanismos eficaces para garantizar que las armas no se utilizarán para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario”, ha manifestado Malcolm Smart.

 

Amnistía Internacional continúa instando a Hezbolá a que facilite información sobre los dos soldados israelíes que sus combatientes capturaron el 12 de julio de 2006 y permita su acceso  inmediato al Comité Internacional de la Cruz Roja.