Defensores y defensoras de los derechos humanos, movimientos ciudadanos, sindicalistas y periodistas críticos con el gobierno corren cada vez más peligro ante el uso creciente por parte del gobierno de leyes represivas y de los servicios de inteligencia para amordazar a sus críticos y obstaculizar su trabajo, revela Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. El informe, tituladoEntre la represión y la recesión. El creciente coste de ser disidente en Chad, documenta cómo en los últimos años las autoridades han respondido al creciente descontento de la opinión pública restringiendo aún más los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. “En vez de reconocer la importante —y totalmente legítima— labor de los activistas que se enfrentan valientemente a las injusticias y emprenden acciones pacíficas para mejorar la situación de los derechos humanos, las autoridades de Chad han reaccionado de forma especialmente enérgica promulgando leyes y normas que eliminan el derecho a protestar, colocan a los activistas bajo vigilancia y los ponen en el punto de mira de acosos, amenazas y agresiones físicas”, ha dicho Alioune Tine, director de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. “Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia supervisan una brutal campaña de represión que ha hecho que en los últimos dos años sea cada vez más peligroso criticar al gobierno, y amenazan ahora con hacer retroceder al país a oscuros tiempos de represión”. Desde comienzos de 2016, en concreto antes de las elecciones presidenciales de abril, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para reprimir los derechos humanos. Se han prohibido sistemáticamente las manifestaciones pacíficas. Sólo en 2016, Amnistía Internacional documentó al menos 13 decretos ministeriales de prohibición de protestas pacíficas. Más de 65 asociaciones han dicho a Amnistía Internacional que no les concedieron permiso para organizar una protesta entre 2014 y 2016. El ministro chadiano de Seguridad Pública e Inmigración ha declarado “ilegales” movimientos y plataformas sociales no registrados, justificando con ello la detención de dirigentes de la sociedad civil tales como Nadjo Kaina y Bertrand Solloh, de Iyina. El siniestro papel de los agentes de la ANS El servicio nacional de seguridad (ANS), que a menudo ha vulnerado las leyes del país, ocupa un lugar central en esta represión. Con la ampliación de su mandato en enero de este año, sus agentes pueden tener en el punto de mira y arrestar a defensores y defensoras de los derechos humanos alegando motivos de seguridad nacional. La ANS ya venía realizando detenciones ilegales de personas a las que recluía en centros de detención no oficiales sin permitirles acceder a familiares ni abogados. “Este siniestro papel pone de relieve el poder ilimitado de la ANS para reprimir a los defensores y defensoras de los derechos humanos, al que debe ponerse coto. Para reducir la posibilidad de que se cometan graves violaciones de los derechos humanos y la impunidad, las autoridades deben garantizar que en la ANS hay una cadena de rendición de cuentas clara y que la agencia está sometida a supervisión judicial”, ha dicho Alioune Tine. Vigilancia y amenazas telefónicas Los defensores de los derechos humanos han dicho a Amnistía Internacional que también son sometidos a vigilancia y a llamadas telefónicas anónimas amenazadoras. De los 45 activistas entrevistados por Amnistía Internacional, sólo dos afirmaron no haber recibido nunca llamadas de este tipo.
Un abogado de derechos humanos contaba: “Recibía llamadas anónimas por la mañana temprano, unas cinco o seis, y también por la noche. Cuando descolgaba no decían nada o amenazaban diciendo: ‘Como hables, verás’.” Las autoridades no han negado que hayan utilizado la vigilancia. Como dijo el ministro de Seguridad a Amnistía Internacional en una reunión: “Pueden oír lo que dices y espiarte, en eso consiste el trabajo de los servicios de seguridad”.
En 2016, antes de las elecciones, el gobierno prohibió plataformas de redes sociales tales como WhatsApp y Facebook, y mantuvo la prohibición casi todo el año. Al menos 10 páginas web críticas continuaron bloqueadas en el país hasta marzo de 2017.
El activista de Internet Tadjadine Mahamat Babouri (Mahadine) lleva detenido desde el 30 de septiembre de 2016 tras publicar varios vídeos en Facebook en los que criticaba la gestión gubernamental de los fondos públicos. Acusado de socavar el orden constitucional, amenazar la integridad territorial y colaborar con un movimiento de insurrección, se encuentra en espera de juicio y, si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.
Los periodistas también están pagando un alto precio por el mero ejercicio de su profesión. Sylver Beindé Bassandé, periodista y director de la cadena de radio comunitaria Al Nada FM en Moundou, también fue condenado a dos años de cárcel y pago de 180 dólares estadounidenses el 20 de junio de 2017 por complicidad en desacato al tribunal y menoscabo de la autoridad judicial.
“Chad se encuentra en una encrucijada: Las autoridades deben elegir entre continuar reprimiendo la oposición política y silenciando las críticas o cumplir las promesas que hizo el presidente Idriss Déby al subir al poder”, ha dicho Alioune Tine.
“Les pedimos que modifiquen las restrictivas leyes que regulan las reuniones públicas, las asociaciones y el derecho a la huelga, reformen la ANS y pongan de inmediato en libertad incondicional a todos los presos y presas de conciencia.”
