Estimado señor ministro de Asuntos Exteriores:
Me dirijo a usted con motivo de la reunión gubernamental celebrada el miércoles 26 de julio de 2006 en Roma, convocada en respuesta al conflicto que afecta actualmente a Israel y al Líbano.
Los civiles de ambos lados de la frontera entre Israel y el Líbano son los más castigados por este conflicto. En Israel, al menos 17 civiles han perdido la vida y cientos han resultado heridos por los cohetes lanzados por Hezbolá contra zonas civiles de Israel, mientras que en el Líbano, los ataques aéreos y bombardeos israelíes han causado la muerte de más de 300 civiles, más de un tercio de ellos niños, y heridas a miles. Las bombas y las amenazas de Israel han provocado el desplazamiento de más de medio millón de libaneses.
Israel está imponiendo un bloqueo naval y aéreo al Líbano. Ha atacado el aeropuerto de Beirut y bombardeado la carretera principal que conduce a Siria y decenas de carreteras, puentes y otras infraestructuras más, así como zonas residenciales. La situación humanitaria de los civiles que quedan en el sur del país empeora por momentos, como en la ciudad portuaria meridional de Tiro, que también tiene que hacer frente a la llegada de un número ingente de desplazados internos procedentes de los pueblos del sur. La destrucción por Israel de centrales eléctricas y otras infraestructuras ha dejado a hospitales, consultorios y otros centros médicos sin los recursos y suministros necesarios en un momento en el que han de ocuparse de un número creciente y masivo de heridos. Según los informes, las fuerzas israelíes han atacado ambulancias y equipos de rescate que intentaban llegar a las víctimas de las bombas.
Algunos nacionales extranjeros atrapados en el conflicto han sido evacuados gracias a la intervención de los gobiernos de sus países de origen, pero como advierten las organizaciones humanitarias, la población civil del Líbano afronta ahora una catástrofe humanitaria.
La comunidad internacional debe garantizar que Hezbolá e Israel respetan el derecho internacional humanitario. Los datos de que disponemos hasta el momento, como el patrón de los ataques, el número de víctimas civiles y las declaraciones de las partes, indican que ambas partes del conflicto han cometido y continúan cometiendo violaciones graves de las leyes de la guerra. Los ataques dirigidos intencionadamente contra civiles y objetivos civiles y el lanzamiento de ataques indiscriminados y desproporcionados constituyen crímenes de guerra. Todos los Estados tienen la obligación de garantizar que se investigan sin demora las denuncias de crímenes de guerra, que los perpetradores comparecen ante la justicia y que las víctimas y sus familias reciben una reparación. Esta es la responsabilidad de todos los Estados partes de los Convenios de Ginebra, y no sólo de las partes del conflicto.
La rapidez y eficacia de las evacuaciones de extranjeros contrasta marcadamente con la lentitud con que la comunidad internacional está abordando esta crisis creciente. En la reunión de Roma, los gobiernos clave deben mostrar mayor determinación en presionar a las partes del conflicto para que pongan fin a los ataques contra civiles y garanticen el respeto al derecho internacional humanitario.
En concreto, Amnistía Internacional pide a su gobierno que:
Deje claro a las partes del conflicto, al máximo nivel, que los ataques contra civiles u objetivos civiles y los ataques indiscriminados y desproporcionados constituyen un crimen de guerra y que tienen la obligación de someter a investigación penal a cualquier persona que haya podido cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario durante el conflicto.
Presione a las partes del conflicto de inmediato para que establezcan y garanticen pasillos humanitarios a fin de proporcionar asistencia humanitaria urgente a los civiles afectados por el conflicto y un paso seguro para los trabajadores de las organizaciones humanitarias.
Pida el envío urgente de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, creada en virtud del artículo 90 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), para que investigue los incidentes en los que, según se alega, se han cometido violaciones serias de los Convenios de Ginebra y del Protocolo. Las investigaciones de esta Comisión serán esencial para determinar los hechos de forma independiente y autorizada; además, la Comisión también puede actuar como factor disuasorio frente a nuevos abusos de las partes del conflicto.
En espera del establecimiento de dicho mecanismo, garantice que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) cuenta con los recursos necesarios para observar, informar de y documentar de forma exhaustiva los abusos que cometen tanto Hezbolá como Israel.
Pida la convocatoria de una reunión de las altas partes contratantes de los Convenios de Ginebra para decidir medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento por las partes del derecho internacional humanitario.
Suspenda todas las ventas y transferencias de armas y material militar a las partes del conflicto y garantice la existencia de acuerdos de supervisión adecuados para prevenir estas transferencias, y respalde un embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU.
Le pedimos que actúe sin dilación para garantizar la protección de los civiles en el Líbano e Israel, hacer que las partes respetan el derecho internacional humanitario y asegurar que no hay impunidad para los autores de crímenes de guerra en el conflicto.
Atentamente,
Irene Khan Secretaria general