“La suspensión por Burundi de casi todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que operan en el país es una medida enormemente represiva que tendrá graves repercusiones para algunas de las personas más vulnerables del país”, ha afirmado Amnistía Internacional tras la entrada en vigor de la suspensión anunciada la semana pasada.
El ministro del Interior de Burundi ha confirmado hoy en una reunión con representantes de ONG que sólo las organizaciones que gestionan hospitales y escuelas estarán exentas de la suspensión.
“La suspensión de casi todas las ONG internacionales en Burundi es una decisión radical y arbitraria que causará un sufrimiento innecesario entre la población que depende de los servicios vitales que prestan estas organizaciones y las ONG locales asociadas”, afirmó Sarah Jackson, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Esta medida represiva se ha adoptado tras las crecientes restricciones impuestas a la sociedad civil ”Sarah Jackson, Amnistía Internacional
“Las medidas anunciadas son poco precisas y constituyen una injerencia invasiva del Estado en los asuntos internos de las organizaciones no gubernamentales. Esta medida represiva se ha adoptado tras las crecientes restricciones impuestas al espacio de la sociedad civil y debe anularse inmediatamente”.
El Consejo de Seguridad Nacional de Burundi anunció la suspensión de tres meses el 27 de septiembre. Esta medida se ha adoptado tras la entrada en vigor en enero de 2017 de una nueva ley que regula las ONG extranjeras.
En la reunión de hoy, el ministro del Interior dijo que las ONG internacionales tenían un plazo de tres meses para presentar cuatro documentos o, de lo contrario, serían eliminadas del registro.
Los cuatro documentos son: un acuerdo de cooperación firmado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, un memorándum sobre la aplicación de la ley sobre ONG extranjeras y el plan nacional de desarrollo, un acuerdo con el Ministerio de Finanzas de que respetarán las normas bancarias, y un plan para eliminar progresivamente las desigualdades étnicas en el personal de sus organizaciones en el plazo de tres años.
Mientras tanto, todas las ONG que trabajan en el sector sanitario han recibido la orden de presentar sus acuerdos de asociación ante el Ministerio de Salud y asistir a una reunión el 15 de octubre, so pena de ser eliminadas del registro.
La directiva y la forma en que se ha comunicado han causado mucha confusión e incertidumbre.
