Hoy, con el fallo condenatorio del defensor de los derechos humanos Abdulkareem al-Khoder y su condena a 10 años de prisión, las autoridades saudíes han persistido en su cínica aplicación de una legislación antiterrorista represiva y excesivamente ambigua para purgar la pequeña y asediada sociedad civil del país; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Abdulkareem al-Khoder, cofundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, ingresó en la cárcel en junio de 2013 para cumplir ocho años de prisión tras ser juzgado por un tribunal penal. En 2014 fue anulada la condena, pero continuó encarcelado arbitrariamente. El Tribunal Penal Especial de Arabia Saudí dictó el fallo condenatorio más reciente contra él, en aplicación de una ley antiterrorista que había entrado en vigor en febrero de 2014. “Utilizando la legislación antiterrorista y un tribunal especial con graves deficiencias para intimidar y encarcelar a defensores de los derechos humanos, Arabia Saudí transmite el mensaje intimidatorio de que quien se atreva a denunciar será purgado”, ha afirmado James Lynch, director adjunto en funciones del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. Abdulkareem al-Khoder, que es también catedrático de la Facultad de Jurisprudencia Islámica de la Universidad de Al Qassim, está entre los 11 miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos que están cumpliendo cárcel o siendo juzgados por reivindicar reformas políticas y de derechos humanos. Fue detenido en abril de 2013 tras una campaña de represión emprendida por el gobierno contra la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos en marzo de 2013, cuando fueron encarcelados sus dos miembros fundadores, Abdullah al-Hamid y Mohammad al-Qahtani, y las autoridades ordenaron que la organización se disolviera. Abdulkareem al-Khoder fue acusado de múltiples delitos, entre ellos “desobedecer al gobernante”, “incitar al desorden convocando manifestaciones”, “dañar la imagen del Estado difundiendo información falsa a grupos extranjeros” y “participar en la fundación de una organización no autorizada”, en referencia a la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos. El pasado miércoles, el Tribunal Penal Especial de Arabia Saudí condenó a nueve años de prisión a otro miembro de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, Abdulrahman al-Hamid. Su hermano Abdullah al-Hamid está cumpliendo 10 años de cárcel desde 2013. La semana pasada estaba previsto que se dictara sentencia contra otro hermano suyo, Issa al-Hamid, pero la vista se aplazó a noviembre. El Tribunal Penal Especial de Arabia Saudí también ha reabierto recientemente la causa contra el miembro más joven de la Asociación, Omar al-Said, quien ya había sido condenado en 2013 a cuatro años de prisión y a recibir 200 latigazos por su activismo. Entre los miembros de la Asociación que ya están entre rejas está Sheikh Suliaman al-Rashudi, ex juez de 80 años, condenado a 15 años de prisión tras ser detenido en diciembre de 2012, dos días después de ofrecer una charla sobre la legalidad de las protestas pacíficas según la ley islámica (sharia).
“Las indignantes condenas de miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos por su activismo de derechos humanos, sumadas al demoledor historial de derechos humanos que ya tiene Arabia Saudí, constituyen una burla adicional de su obligación, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de respetar las normas más estrictas en materia de derechos humanos”, ha afirmado James Lynch.“Junto con las penas de muerte impuestas recientemente a tres activistas que eran menores de edad en el momento del delito y el uso de castigos crueles, inhumanos y degradantes, como los latigazos al bloguero Raif Badawi, estas condenas no son sino otra triste confirmación del deseo del reino saudí de aplastar la disidencia en la forma que sea.” Actualmente hay siete activistas chiíes condenados a muerte en Arabia Saudí, entre ellos Ali al-Nimr, que era menor de edad en el momento de cometer los delitos, y su tío, Sheikh Nimr al-Nimr. Dawood Hussein al-Marhoon y Abdullah Hasan al-Zaher eran también menores de edad en el momento de cometerse los delitos que se les atribuyen. Imponer la pena de muerte a menores de edad infringe el derecho internacional. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias sin excepción porque es una violación del derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la máxima expresión de pena cruel, inhumana y degradante. Al menos 137 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí en lo que va de 2015. El número total en 2014 fue de 90. Amnistía Internacional ha pedido a Arabia Saudí que pare todas las ejecuciones y ponga en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia.
Información complementaria
La Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos es una ONG de derechos humanos independiente creada en octubre de 2009. Ha informado sobre violaciones de derechos humanos y ayudado a las familias de muchas personas recluidas sin cargos ni juicio a interponer demandas contra el Ministerio del Interior ante la Junta de Reclamaciones, tribunal administrativo con competencia para ver demandas contra el Estado y sus servicios públicos. Antes de ser suprimida, la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos era la piedra en el zapato del gobierno de Arabia Saudí. Sus miembros denunciaban reiterada y públicamente las prácticas de detención de las autoridades saudíes y se mostraban especialmente críticos con el Ministerio del Interior y sus temidos servicios de seguridad e inteligencia, la Dirección General de Investigaciones (al Mabahith), cuyos agentes tienen amplias atribuciones para detener, poner bajo custodia, torturar y someter a otros abusos con impunidad a personas de quienes sospechen. Los agentes de la Dirección General de Investigaciones utilizan esas atribuciones no sólo contra presuntos terroristas, sino prácticamente contra cualquiera que se exprese abiertamente contra las autoridades, aunque esté ejerciendo la crítica de manera pacífica, como los miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos u otros defensores y organizaciones de derechos humanos. Todas las organizaciones independientes de esta índole han sido obligadas a cerrar y las autoridades han encarcelado a sus fundadores o los han obligado a guardar silencio. Las leyes y decretos antiterroristas recientemente adoptados han ampliado el amparo legal de estas violaciones de derechos humanos y abusos de poder, lo que significa que incluso el ejercicio pacífico de la crítica es fácilmente considerado terrorismo contra el Estado.
