En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional revela cómo las autoridades saudíes, pese a toda su retórica sobre reformas, están utilizando el Tribunal Penal Especializado como arma para silenciar sistemáticamente la disidencia.
En Silenciar las voces críticas: Juicios politizados ante el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí, la organización documenta el escalofriante alcance de los procesamientos ante este tribunal de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la esfera política, reformistas, clérigos y profesionales de la literatura, la economía y el periodismo, incluidas personas de la minoría musulmana chií de Arabia Saudí que han sido juzgadas de manera manifiestamente injusta ante este tribunal y condenadas a duras penas, incluso a muerte, en aplicación de imprecisas leyes contra el terrorismo y la ciberdelincuencia.
El informe incluye un amplio examen de la documentación del tribunal, de declaraciones del gobierno y de legislación nacional, así como entrevistas con activistas, profesionales del derecho y personas cercanas a los casos documentados en él. Amnistía Internacional escribió a las autoridades saudíes el 12 de diciembre de 2019 y recibió una respuesta de la Comisión de Derechos Humanos, de carácter oficial, en la cual se resumían las leyes y procedimientos pertinentes, pero no se abordaban directamente los casos planteados en el informe.
“El gobierno saudí utiliza el Tribunal Penal Especializado para envolver en un falso halo de legalidad su uso indebido de la legislación antiterrorista para silenciar a quienes lo critican. Todas las etapas de un proceso judicial ante este tribunal están empañadas por abusos contra los derechos humanos, desde la privación de acceso a representación letrada hasta la detención en régimen de incomunicación y los fallos condenatorios basados únicamente en 'confesiones' obtenidas mediante tortura”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Nuestra investigación desmiente la nueva y deslumbrante imagen reformista que Arabia Saudí pretende transmitir, poniendo al descubierto la manera en que el gobierno utiliza una instancia judicial como el Tribunal Penal Especializado en la despiadada represión de quienes tienen el coraje de expresar su oposición, defender los derechos humanos o pedir reformas significativas”.
El discurso gubernamental sobre las reformas, —que se intensificó tras el nombramiento del príncipe heredero Mohammed bin Salman— presenta un profundo contraste con la realidad de la situación de los derechos humanos en el país. Al tiempo que introducían un conjunto de reformas positivas en materia de derechos de la mujer, las autoridades desataron una intensa campaña de represión contra algunas de las defensoras de los derechos humanos más destacadas que durante años habían luchado por esas reformas, así como contra otros ciudadanos y ciudadanas que promovían el cambio.
El Tribunal Penal Especializado fue establecido en octubre de 2008 para juzgar a personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo. Desde 2011 se viene usando sistemáticamente para enjuiciar a personas por cargos imprecisos que a menudo equiparan actividades políticas pacíficas a delitos de terrorismo. La ley terrorista, que contiene definiciones excesivamente generales e imprecisas de “terrorismo” y “delito terrorista”, incluye disposiciones que penalizan la expresión pacífica de opiniones.
Amnistía Internacional documenta en su informe los casos de 95 personas —en su mayoría hombres— procesadas, juzgadas o condenadas por el Tribunal Penal Especializado entre 2011 y 2019. Actualmente, los juicios de al menos 11 que fueron detenidas por ejercer pacíficamente su libertad de asociación y expresión continúan abiertos, y unas 52 están cumpliendo largas penas, de entre 5 y 30 años de prisión.
Varios musulmanes chiíes de Arabia Saudí, entre ellos varios hombres jóvenes juzgados por “delitos” que presuntamente cometieron cuando eran menores de 18 años, corren peligro de ejecución inminente tras un juicio manifiestamente injusto ante el Tribunal Penal Especializado. Al menos 28 personas de la minoría chií del país han sido ejecutadas desde 2016, muchas de ellas tras ser condenadas a muerte por este tribunal basándose exclusivamente en “confesiones” obtenidas mediante tortura.
Juicios manifiestamente injustos
Amnistía Internacional examinó atentamente ocho juicios celebrados ante el Tribunal Penal Especializado contra 68 chiíes —en su mayoría procesados por su participación en protestas antigubernamentales— y contra otras 27 personas procesadas por expresarse pacíficamente y por su activismo en favor de los derechos humanos. En la totalidad de los 95 casos, la organización concluyó que los juicios habían sido manifiestamente injustos. A las personas procesadas se las declaró culpables y, en muchos casos, condenó a muerte, por cargos imprecisos que penalizan la oposición pacífica o por cargos relacionados con actos de violencia.
Los cargos más comúnmente utilizados en los procedimientos examinados por Amnistía Internacional incluyen “desobedecer al gobernante”, “cuestionar la integridad de funcionarios y del sistema judicial”, “incitar a alterar el orden público convocando manifestaciones” y “formar una organización no autorizada", todos los cuales describen actos protegidos por el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.
Ni una sola de las personas acusadas en los juicios examinados por Amnistía Internacional tuvo acceso a asistencia letrada tras su detención ni durante todo su interrogatorio. Las vistas de los recursos presentados contra sentencias de este tribunal se celebran a puerta cerrada y sin la presencia o participación de las personas acusadas o sus representantes legales.
Uno de los defectos más llamativos del Tribunal Penal Especializado en los juicios examinados por Amnistía Internacional es la admisión incondicional de “confesiones” obtenidas bajo tortura. Al menos 20 hombres chiíes juzgados ante él han sido condenados a muerte sobre la base de estas “confesiones”, y 17 ya han sido ejecutados.
Acallar las voces pacíficas
Prácticamente todas las voces independientes de Arabia Saudí, entre las que se cuentan defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la literatura y clérigos, están entre rejas cumpliendo largas penas dictadas por el Tribunal Penal Especializado y otros tribunales desde 2011, o continúan sometidas a juicio por cargos relacionados con su activismo o su ejercicio pacífico de la libertad de expresión.
Entre las personas enjuiciadas por el Tribunal Penal Especializado hay miembros fundadores de los grupos independientes de derechos humanos que las autoridades cerraron en 2013. Por ejemplo, los 11 miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA) han sido juzgados y condenados en años recientes por su labor de derechos humanos. Otras son defensoras y defensores de los derechos humanos, como Mohammad al Otaibi, miembro fundador de la Unión por los Derechos Humanos, condenado a 14 años de prisión por cargos relacionados con sus iniciativas para formar una organización independiente de derechos humanos y que actualmente se enfrenta a nuevos cargos por su comunicación con organizaciones internacionales y su intento de solicitar asilo político.
Entre las personas que continúan sometidas a juicio ante el Tribunal Penal Especializado están Salman al Awda, clérigo reformista detenido en septiembre de 2017, quien se enfrenta a la pena de muerte por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación. Amnistía Internacional ha documentado los juicios y pronunciamientos de sentencia de 27 de estas personas y considera que, de las 27 que continúan en detención ilegal, 22 son presas de conciencia y pide su libertad inmediata e incondicional.
Reprimir la disidencia en la Provincia Oriental
Desde 2011, más de un centenar de musulmanes chiíes de Arabia Saudí han comparecido ante el Tribunal Penal Especializado en relación tanto con el ejercicio pacífico de la crítica al gobierno en discursos o en las redes sociales como con la participación en manifestaciones contra el gobierno. Estas personas han sido juzgadas por cargos imprecisos y variados que van desde la organización o el apoyo a manifestaciones hasta la presunta participación en ataques violentos y actos de espionaje para Irán.
El 2 de enero de 2016, las autoridades anunciaron que había sido ejecutado Nimr al Nimr, clérigo chií conocido por su postura crítica hacia el gobierno, lo que desató nuevas protestas en la Provincia Oriental. En julio de 2017, Youssuf al Muhsikhass, condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto, fue ejecutado junto a otros tres hombres chiíes, y en abril de 2019 se llevó a cabo una ejecución colectiva de 37 hombres, en su mayoría chiíes.
El Tribunal Penal Especializado también ha condenado a muerte y ejecutado a varios hombres jóvenes por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años basándose en “confesiones” obtenidas mediante tortura o coacción. Tres jóvenes, Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon, fueron detenidos por separado en 2012, cuando tenían 17, 16 y 17 años respectivamente, en relación con su participación en manifestaciones contra el gobierno. Los tres corren peligro de ejecución inminente tras su condena a muerte en juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado.
Se necesita una reforma con urgencia
Amnistía Internacional pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia, así como que el Tribunal Penal Especializado se someta a una reforma fundamental para garantizar que es capaz de celebrar juicios justos y proteger a la persona acusada frente a la detención arbitraria y a la tortura y otros malos tratos. Asimismo, debe haber investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura u otros malos tratos bajo custodia y una reparación plena para todas las víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos a manos de funcionarios del Estado o de personas que actúan en su nombre.
“Para demostrar que tienen la firme intención de introducir reformas, el rey y el príncipe heredero deberían, como primer paso, poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas presas de conciencia, garantizar la anulación de sus sentencias y condenas, y declarar la suspensión oficial de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte”, ha afirmado Heba Morayef.
En marzo y septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó sendas declaraciones conjuntas sin precedentes sobre Arabia Saudí en las que establecía un conjunto de parámetros de referencia para introducir reformas urgentes en materia de derechos humanos. No se ha cumplido ninguno, y los miembros del Consejo deben garantizar un escrutinio sostenido por parte del Consejo apoyando el establecimiento de un mecanismo de vigilancia y presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos.
