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Apple mira hacia otro lado y no aclara si hay trabajo infantil detrás de sus dispositivos

© Eduardo Relero.

  • Amnistía Internacional instala en Sol una mina gigante en 3D frente a la tienda de Apple, para exigir a la compañía que investigue si sus dispositivos contienen cobalto extraído por menores
  • El mismo acto tendrá lugar también este fin de semana en otras ciudades, como Bruselas o Praga
  • La organización ha lanzado una ciberacción para que Apple investigue su cadena de suministro

En vísperas del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra mañana domingo 12 de junio, Amnistía Internacional sale a la calle para exigir a Apple que investigue su cadena de suministros para asegurarse de que sus productos no contienen cobalto extraído en condiciones que vulneran los derechos humanos, entre ellas el trabajo infantil.

En plena Puerta del Sol de Madrid, frente a la mayor tienda de Apple en España, la organización ha instalado esta mañana una imagen anamórfica del artista argentino Eduardo Relero que representa en tres dimensiones una mina en República Democrática del Congo de la que un grupo de menores extrae teléfonos móviles. El mismo acto tendrá lugar también este fin de semana en varias ciudades europeas, como Bruselas o Praga.

Con esta acción simbólica, Amnistía Internacional, que en enero de 2016 publicó el informe This is What we die for: Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt, denuncia la inacción de Apple ante la posibilidad de que haya trabajo infantil detrás del cobalto de sus productos.

“Cinco meses después de lanzar la campaña, en vez de liderar las investigaciones de las cadenas de suministros en el sector tecnológico, Apple continúa mirando hacia otro lado”, señala Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre Empresas en Amnistía Internacional España.

La República Democrática del Congo (RDC) produce al menos el 50% del cobalto del mundo. No es ningún secreto que a menudo se extrae con mano de obra infantil: el Departamento de Trabajo de Estados Unidos lo incluyó en 2009 en la lista de bienes producidos por medio de trabajo infantil. Uno de los mayores procesadores de mineral del país es Congo Dongfang Mining (CDM), filial en propiedad exclusiva del gigante del comercio de minerales Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobal). Amnistía Internacional utiliza en su investigación documentos de inversores para mostrar cómo Huayou Cobalt y su filial CDM procesan el cobalto antes de venderlo a tres fabricantes de baterías que aseguran abastecer a empresas de tecnología, entre ellas Apple.

Los y las menores entrevistados por Amnistía Internacional explicaron que trabajaban hasta 24 horas diarias en la mina, llevando pesadas cargas, para ganar entre uno y dos dólares al día. En 2014, había alrededor de 40.000 niños trabajando en minas en todo el sur de la RDC, muchas de ellas de cobalto, según Unicef. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera la minería el sector más peligroso para menores.

Paul, un niño huérfano de 14 años que comenzó a trabajar en la mina hace dos, explicó que, como pasaba tanto tiempo bajo tierra, estaba constantemente enfermo: “Llegaba por la mañana y me iba a la mañana siguiente. Tenía que hacer mis necesidades allí abajo. Mi madre adoptiva quería que fuera al colegio, pero mi padre adoptivo estaba en contra y me explotaba haciéndome trabajar en la mina”, señala.

Amnistía Internacional se ha dirigido a Apple para que facilite los nombres de las empresas proveedoras de cobalto que participan en su cadena de suministro, incluyendo el máximo de información posible sobre el lugar y las condiciones de extracción del cobalto, pero todavía no ha recibido respuesta. Además, la organización ha lanzado una ciberacción para presionar a la compañía estadounidense.

De comprobarse que existen violaciones de los derechos humanos en la cadena de suministro, la empresa debe tomar medidas para reparar el daño sufrido.

“Necesitamos leyes que obliguen a las empresas a comprobar las condiciones en las que los minerales son extraídos y vendidos y sobre sus proveedores, para que no puedan seguir beneficiándose de los potenciales abusos contra los derechos humanos. Los gobiernos deben poner fin a esta falta de transparencia, que permite a las empresas sacar provecho de la miseria”, afirma Marta Mendiola.



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