El Tribunal Supremo de la República de Bielorrusia ha anulado la condena de muerte impuesta en junio de 2013 a Alyaksandr Haryunou por el tribunal regional de Homel y ha devuelto el caso a dicho tribunal para que sea juzgado de nuevo. El preso, que permanece recluido en un centro para condenados a muerte en la capital, Minsk, será trasladado al centro de detención de Homel mientras se celebra su nueva vista ante el Tribunal Regional.
Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción esta decisión y pide a las autoridades bielorrusas que garanticen que la nueva vista de Alyaksandr Haryunou en el tribunal regional cumple rigurosamente las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las normas sobre juicios justos. Al tomar esta decisión, el Tribunal Supremo de la República de Bielorrusia ha demostrado el importante papel que el poder judicial puede desempeñar para garantizar el estricto cumplimiento de las normas sobre juicios justos.
Aún no hay una copia de la sentencia a disposición pública, pero un observador de la ONG bielorrusa Centro de Derechos Humanos Viasna estuvo presente en la vista ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo había examinado la semana anterior, la apelación de Alyaksandr Haryunou contra su condena de muerte. Según el observador de la ONG que estuvo presente, el abogado de Alyaksandr Haryunou había alegado una serie de violaciones del derecho a un juicio justo, así como el hecho de que la ley bielorrusa permitía sanciones alternativas a la pena de muerte. El abogado alegó que Alyaksandr Haryunou había firmado una confesión sin la presencia de un abogado y que había información contradictoria sobre su salud mental.
Alyaksandr Haryunou había sufrido problemas de salud mental siendo niño, había recibido tratamiento en un hospital psiquiátrico y se le había diagnosticado un “retraso en el desarrollo psiquiátrico” y un trastorno de personalidad. Pese a ello, un examen psiquiátrico ordenado por el Tribunal Regional de Homel concluyó que nunca había tenido problemas de salud mental y que era competente para ser juzgado por asesinato.
Alyaksandr Haryunou, de 25 años, fue condenado a muerte por el tribunal regional en la ciudad de Homel el 14 de junio de 2013 por el asesinato de un estudiante, cometido el 20 de septiembre de 2012. Durante su juicio admitió su culpabilidad y pidió perdón a la madre de la víctima. Anteriormente había sido condenado a ocho años de prisión por herir de muerte al compañero sentimental de su madre y había cumplido esa condena.
La pena de muerte viola el derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos de derechos humanos, y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Amnistía Internacional reitera que las autoridades bielorrusas deben dictar de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso para abolir la pena de muerte.
Información complementaria
Bielorrusia es el único país de Europa y Asia Central que aún lleva a cabo ejecuciones: en 2012 ejecutó al menos a tres hombres. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, hasta el momento se han dictado tres condenas de muerte en 2013: aparte de Alyaksandr Haryunou, Rygor Yuzepchuk fue condenado el 24 de abril por el asesinato de un compañero de celda, cometido en julio de 2012, y Pavel Selyun fue condenado el 12 de junio por el asesinato de su esposa y el amante de ésta, cometido en agosto de 2012. Sus apelaciones ante el Tribunal Supremo fueron rechazadas.
En Bielorrusia,las condenas de muerte suelen imponerse tras juicios injustos que incluyen confesiones forzadas y se ejecutan en el más estricto secreto, sin notificarlo adecuadamente ni a los propios condenados, ni a sus familias, ni a sus abogados, y pese a las peticiones realizadas al gobierno por órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que suspenda las ejecuciones mientras siga habiendo pendientes apelaciones internacionales. Tras la ejecución, las autoridades se niegan a entregar los cadáveres de los ejecutados a sus familiares, a los que ni siquiera les dicen dónde están enterrados. El Comité de Derechos Humanos y otros órganos han concluido que la aplicación de la pena de muerte en Bielorrusia viola los derechos humanos tanto de los condenados como de sus familias.
