Un total de 176 organizaciones de derechos humanos, salud y mujer, entre otros, han enviado esta mañana una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para pedir la retirada del anteproyecto de ley sobre aborto. Las entidades consideran que la adopción definitiva de este anteproyecto provocaría múltiples vulneraciones del derecho a la salud y a la información de las mujeres y niñas, afectando de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas las jóvenes y las mujeres migrantes. Además, el anteproyecto limitaría el derecho de las mujeres y niñas a tomar decisiones libres e informadas por sí mismas, cuestionando su capacidad en la adopción de este tipo de decisiones y restringiendo su autonomía. Asimismo, el anteproyecto de ley introduce disposiciones penales que tendrían un impacto negativo en el trabajo de los profesionales de la salud, creando un clima de miedo que podría llevar al personal médico a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las mujeres. Este anteproyecto de ley pone bajo cuestión el juicio médico de los profesionales de la salud y limita su capacidad de proveer información, consejo y servicios médicos a sus pacientes. Diversos mecanismos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa han recordado que las leyes restrictivas de acceso al aborto no consiguen reducir el número de abortos sino que, al contrario, incrementan el número de abortos ilegales e inseguros y contribuyen al aumento de la mortalidad materna. Amnistía Internacional tiene además en marcha una ciberacción, a través de su centro de activismo para exigir al Gobierno la retirada de este anteproyecto.
