Londres.- Ante las primeras ejecuciones llevadas a cabo por la Autoridad Palestina desde agosto de 2002, Amnistía Internacional ha condenado hoy 13 de junio la aplicación de la pena de muerte por parte de la Autoridad Palestina. Para la organización, la pena de muerte en absoluto resolverá el problema del aumento de la delincuencia y la anarquía en los territorios palestinos ocupados, y representa un paso atrás para los derechos humanos en esos territorios. "La Autoridad Palestina tiene el derecho y la obligación de llevar ante los tribunales a los presuntos autores de delitos, pero la pena de muerte no es la solución —afirma Abdelsalam Sidahmed, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África—. No hay indicios de que tenga realmente un efecto disuasorio frente a la delincuencia, sino más bien de lo contrario: insensibiliza a la sociedad, causa una angustia extrema a los familiares de los ejecutados y refuerza el círculo de violencia.” El 12 de junio fueron ejecutados cuatro varones, tres por ahorcamiento y uno por fusilamiento. Tres de ellos —Wa'el Sha'ban al-Shoubaki, Salah Khalil Musallam y 'Oda Muhammad Abu 'Azab— habían sido condenados a muerte por asesinato en 1995 y 1996. El cuarto, Muhammad Daoud al-Khawaja, había sido declarado culpable de asesinato en el 2000 por el Tribunal de Seguridad del Estado, conocido por su falta de imparcialidad y que fue abolido posteriormente. Según la información recibida, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ordenó la reanudación de las ejecuciones como respuesta a un aumento de la delincuencia y la anarquía en las zonas de los Territorios Ocupados donde ejerce su jurisdicción la Autoridad Palestina. “Insinuar que las ejecuciones son una solución al aumento de la anarquía es un peligroso error —afirma Abdelsalam Sidahmed —. Si desea combatir eficazmente la delincuencia, la Autoridad Palestina debe adoptar medidas concretas para que sus instituciones, en particular las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia, alcancen los niveles de competencia e independencia exigidos y no sea necesario recurrir a la aplicación de una pena cruel e inhumana como esta, que constituye una violación en grado máximo del derecho a la vida.” Amnistía Internacional ha solicitado al presidente Abbas que imponga la suspensión de las ejecuciones y que todos los presos condenados a muerte por el Tribunal de Seguridad del Estado o por otros tribunales en juicios injustos vuelvan a ser juzgados con las garantías que exigen las normas internacionales. Desde el establecimiento de la Autoridad Palestina en 1994, Amnistía Internacional ha venido expresando con frecuencia su preocupación por las detenciones arbitrarias, los procedimientos judiciales que no se ajustan a las normas internacionales que consagran el derecho a un juicio justo y la práctica de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, entre otros abusos. Además, la Autoridad Palestina ha permitido sistemáticamente que gocen de impunidad los responsables de matar a palestinos acusados de colaborar con los servicios de información y las fuerzas de seguridad israelíes para asesinar a otros palestinos. “La Autoridad Palestina puede y debe esforzarse mucho más para hacer valer el Estado de derecho y acabar con la impunidad de que disfrutan los responsables de homicidios y otros abusos contra los derechos humanos. Ejecutar a las personas, incluso cuando no han sido juzgadas con las debidas garantías, no es la solución” afirma Abdelsalam Sidahmed.
Amnistía Internacional pide la suspensión de la pena de muerte tras la ejecución de cuatro personas en Gaza
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