“Que ni los besos te callen. Desamordázate”. Ese es el lema de la lona de gran tamaño que ha desplegado esta mañana un grupo de activistas de Amnistía Internacional en la madrileña Puerta del Sol para reclamar una reforma más profunda de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y que deje así de suponer una amenaza a la libertad de expresión y el derecho de protesta, ni dificulte aún más la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de nuestro país.
La acción, en uno de los lugares más emblemáticos de la protesta social que se intentó silenciar con la aprobación de esa ley, fue desarrollada por activistas de la organización que permanecieron en todo momento con las bocas tapadas con una mordaza simulada como denuncia de las restricciones que supone esta norma desde su entrada en vigor hace siete años.
“El acuerdo alcanzado por los socios de Gobierno no elimina ni modifica en profundidad los aspectos que han supuesto más sanciones para quienes querían ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Según las enmiendas que se aprueben en los próximos días sabremos si nuestro derecho a protestar seguirá amordazado en nuestro país, o por el contrario prevalecerá el respeto por los derechos humanos. Por eso, este es un momento clave para presionar y movilizarnos para arrancar de una vez todas las mordazas”, alertó Carlos Escaño, portavoz de la organización.
Así, Amnistía Internacional calcula que desde 2015 a 2019, el 70% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana se impusieron en base a dos artículos “resistencia, desobediencia o negativa a identificarse" (36.6) y "faltas de respeto a la autoridad" (37.4). Ninguno de ellos se elimina ni reforma en la proposición de Ley que se está tramitando. La reforma propuesta por los socios de gobierno tampoco elimina aspectos preocupantes para la libertad de información como las infracciones por publicar imágenes de las fuerzas de seguridad, ni establece un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial. Además, tampoco se elimina la disposición que pretendió dar cobertura legal a las devoluciones en caliente ni se prohíbe de manera explícita el uso de pelotas de goma.
Casos mordaza
Amnistía Internacional recuerda que durante estos siete años, esta norma ha servido para imponer sanciones a miembros de todo tipo de movimientos sociales como activistas ecologistas, feministas, miembros de plataformas por el derecho a la vivienda, así como a periodistas que cubrían sus manifestaciones. De este modo, se ha convertido en una forma de silenciar y dificultar el derecho a la protesta.
Para ilustrar esta realidad, en el acto estuvieron presentes María Ángeles Nieto, activista de Ecologistas en Acción, quien recibió una sanción durante una protesta contra unos vertidos ilegales en un espacio protegido, y Marian Montoro, que recibió una propuesta de sanción al acudir a una acción conjunta de apostasía al Arzobispado de Madrid. Esta última recuerda que “los agentes nos pidieron identificarnos sin motivo aparente, no infringimos ninguna de las normas de seguridad ni sanitaria. Fue una acción policial injustificada y discriminatoria”.
Por su parte, Nieto relata así su sanción. “Me pusieron una multa de 600 euros sólo por preguntarle a un policía por qué me estaban pidiendo la identificación. La aplicación de la Ley Mordaza la sentí como un atropello y con una enorme impotencia”.
Por último, ante la posibilidad de que los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo el próximo día 15 de febrero sobre buena parte de la reforma de la ley, la organización llama al conjunto de la sociedad a defender el derecho a la protesta pacífica uniéndose a las manifestaciones convocadas en todo el país por la plataforma No Somos Delito el próximo domingo día 13 con el lema “Ni Ley Mordaza ni mordaza maquillada”.
Así fue la acción en la Puerta del Sol
