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Amnistía Internacional pide al rey Abdulá que conmute todas las condenas de muerte

Amnistía Internacional siente profunda preocupación por el alarmante crecimiento del número de ejecuciones en Arabia Saudí después de que cuatro srilankeses hayan sido ejecutados esta mañana; con estas cuatro nuevas muertes, el número de ejecutados en el país en lo que va de año asciende ya a al menos 17. La organización de derechos humanos teme que pueda haber otras ejecuciones inminentes, y ha instado al rey Abdulá a conmutar todas las condenas de muerte y a garantizar el respeto de las garantías de juicio justo para quienes se enfrentan a la pena capital.

Esta mañana, cuatro srilankeses fueron ejecutados en la capital, Riad. Amnistía Internacional había hecho repetidos llamamientos a las autoridades saudíes en favor de tres de ellos. Según los informes, D.D. Ranjith De Silva, E.J. Victor Corea, Sanath Pushpakumara y Sharmila Sangeeth Kumara fueron detenidos en 2004 en relación con una serie de violentos robos a mano armada. Aunque los tres primeros habían sido condenados a muerte, Sharmila Sangeeth Kumara creía que había sido condenado a 15 años de cárcel y que no corría peligro de ser ejecutado. Todos ellos fueron juzgados sin las debidas garantías y condenados sin haber contado con representación letrada o consular. Ni sus familias ni las autoridades de Sri Lanka fueron informadas de antemano de su ejecución.

El secreto que rodea el sistema judicial saudí es de tal magnitud que, en muchos casos, a los condenados a muerte y a sus familias no se les informa de los cargos o del progreso de los procedimientos judiciales contra ellos. En una situación similar a esta, en abril de 2005 seis somalíes fueron ejecutados después de un juicio injusto. Ninguno de ellos era consciente de que corría peligro de muerte, y todos creían que habían cumplido sus condenas y que estaban en espera de ser puestos en libertad.

Además, los acusados pueden ser condenados sobre la base exclusiva de “confesiones” obtenidas mediante coacción –incluidos la tortura y los malos tratos–, y los juicios incumplen invariablemente las normas internacionales de justicia procesal. Los procesos judiciales se celebran a puerta cerrada, sin que los acusados tengan derecho a representación letrada y, en el caso de los ciudadanos extranjeros, sin acceso adecuado –y en ocasiones sin ningún acceso en absoluto– a asistencia consular.

Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber de todos los gobiernos de llevar ante la justicia a las personas culpables de delitos comunes reconocibles. Sin embargo, se opone a la pena de muerte por considerarla la violación máxima del derecho a la vida. La organización está comprometida con la defensa de todas las personas contra las violaciones de estos derechos fundamentales e internacionalmente reconocidos.

Amnistía Internacional reitera sus llamamientos anteriores al rey Abdulá de Arabia Saudí para que conmute todas las condenas de muerte pendientes y garantice que todos los procedimientos judiciales de personas que se enfrentan a la pena capital se llevan a cabo de estricta conformidad con las normas internacionales sobre juicios justos.

Información complementaria
Entre las personas ejecutadas en lo que va de año se encuentran cuatro srilankeses, dos iraquíes, un nigeriano y siete saudíes, entre ellos una mujer.