- Regulen estrictamente la fabricación, uso y transferencia de tecnologías de seguridad y policiales, basándose en normas internacionales de derechos humanos.
- Establezcan mecanismos independientes de investigación que contribuyan a esclarecer los hechos en todos los casos en los que la policía emplee un arma con capacidad letal, o cuando la acción policial tenga como consecuencia la muerte o lesiones graves remitiendo toda la información pertinente a las autoridades judiciales.
- Aseguren la adecuada formación de los funcionarios policiales antidisturbios, garantizando que el grado de fuerza utilizado es el mínimo necesario para controlar la situación. La actuación de la policía debe ser siempre legítima, necesaria y proporcionada.
- Faciliten mecanismos efectivos de rendición de cuentas ante violaciones de derechos humanos.
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