Madrid.- Este viernes el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, comparece en el grupo de trabajo Unión Europea de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, para analizar diferentes retos en materia de derechos humanos que la organización considera prioritarios en el camino hacia la salida de la crisis del coronavirus.
“Es imprescindible que no repitamos los errores de la crisis de 2008: no hagamos políticas de austeridad que arruinan la vida de miles de personas, especialmente las más vulnerables”, señala el director de AI. “Tenemos la oportunidad de salir de esta crisis de manera unida, protegiendo a las personas, en lugar de revivir escenas del pasado como los recortes en sanidad, el aumento de desahucios, de la pobreza y la desigualdad. Para ello, no nos cansaremos de repetirlo: los derechos humanos deben estar en el centro”, añade.
“Necesitamos también una Unión Europea que no dé la espalda a la solidaridad internacional, y que esta vez no se empeñe en las nocivas estrategias de austeridad. Una UE que no ahogue a los Estados con el objetivo del saneamiento presupuestario, para que estos puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos sociales, entre ellos la salud".
AI ha presentado un documento con varios temas que pide que la Comisión introduzca en su dictamen, entre ellos:
- La protección del derecho a la salud, y la urgente necesidad de reforzar los sistemas de salud mermados por la última década de austeridad, incluido en España, donde, además, la falta de protección del personal sanitario ha provocado que sea uno de los países con mayor número de contagios entre profesionales del sector. Sin una evaluación de lo que ha sucedido no estaremos preparados para el próximo posible brote. Es, además, necesario, adoptar medidas legislativas para blindar la salud como un derecho humano.
- La pandemia es global y necesita una respuesta multilateral. Hay que tomar desde ya mismo, medidas urgentes para apoyar el desarrollo de una vacuna para la COVID-19 que esté accesible y disponible para todas las personas, en todos los países, sin discriminación.
- Los estados deben reconocer que la defensa de los derechos humanos es una actividad esencial durante los periodos de emergencia y deben garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos pueden realizar su trabajo sin sufrir represalias, intimidación ni amenazas, para que entre todos y todas podamos afrontar esta crisis.
- La obligación de prestar atención e impedir preocupantes retrocesos en materia de derechos humanos en el seno de la UE, con casos como el de Hungría y Polonia, que han sufrido ataques a la independencia del poder judicial, e intentos de restringir los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres y las niñas. La pandemia no puede ser la excusa para seguir ahondando en esta senda.
- La necesidad de que todos los Estados miembro, incluido España, aumenten los esfuerzos de reubicación de la población refugiada en campos de Grecia, especialmente de los y las menores no acompañadas, así como de mejorar los sistemas de asilo y acogida.
- El empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones que garanticen el respeto pleno a los derechos humanos. Estas aplicaciones no deberían ser obligatorias, en cuyo caso constituirían una herramienta de vigilancia masiva, prohibida por el derecho internacional.
- La necesidad de tomar medidas diferenciadas para que la pandemia no exacerbe las desigualdades de género, abordando, con todos los medios posibles, dentro y fuera de España, la violencia hacia las mujeres y garantizando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
