Las autoridades mexicanas deben liberar de forma inmediata e incondicional a dos defensores indígenas de los derechos humanos que han estado injustamente detenidos desde hace dos años en Puebla y, por ello, son presos de conciencia, dijo hoy Amnistía Internacional. José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo. Desde temprano hubo informes fidedignos de que el auto nunca fue robado y de que en realidad había sido abandonado por el hijo del denunciante y resguardado en la comandancia policial en Pahuatlán antes de ser devuelto. Estos hechos nunca fueron investigados por el Ministerio Público. Tras revisar del caso detalladamente y entrevistar a los presos y otros testigos, Amnistía Internacional concluyó que la acusación contra los activistas fue fabricada como represalia por su trabajo para garantizar el amplio acceso al agua para la comunidad indígena náhuatl de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla. El proyecto, que comenzó en el 2008, fue avalado por el gobierno estatal y federal. “José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz han sido victimas de un sistema de justicia que con frecuencia se utiliza para castigar a quienes trabajan en la defensa de las personas que sufren abusos a los derechos humanos,” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos además denunció que el proceso judicial contra los activistas estuvo plagado de irregularidades. El proceso, incluídas las declaraciones escritas que forman parte del expediente, se llevó a cabo en español y en ningún momento se proporcionó un interprete, lo que afectó gravemente la capacidad de defensa de los activistas nahuas. Tampoco se respetó su derecho a una defensa adecuada. El Ministerio Público los procesó basándose en una declaración de la supuesta víctima del robo y dos supuestos testigos, sin tomar ninguna medida para aclarar las contradicciones evidentes en las declaraciones. Cuando el caso llegó a la primera y segunda instancia, el Poder Judicial estatal aceptó, sin cuestionar, las pruebas irregulares presentadas por el Ministerio Público e hizo caso omiso de las de la defensa. “Lamentablemente, el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no es un hecho aislado,” dijo Rupert Knox. “En los últimos años hemos documentado cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial se prestan a la fabricación de delitos contra quienes defienden los derechos humanos de comunidades indígenas marginalizadas, sin garantizar el debido proceso, lo que resulta en juicios injustos, sentencias infundadas y personas encarceladas como castigo por sus actividades legitimas.” La Suprema Corte de Justicia de la Nación está considerando un recurso presentado por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para que la Corte atraiga el caso y resuelva el amparo presentado ante el poder judicial federal. Amnistía Internacional espera que la Suprema Corte atienda el caso de forma pronta y que lo aproveche para reforzar el respeto al debido proceso y juicio justo para las personas pertenecientes a los pueblos indígenas procesadas en el sistema de justicia penal, de conformidad con lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos.
