Londres/Madrid.- Ante la detención en Mondragón (Guipúzcoa) de Igor Portu, presunto miembro de ETA, el pasado 5 de enero por parte de la Guardia Civil y su posterior ingreso en el Servicio de Urgencias del hospital Donostia con lesiones graves, según el parte médico del centro sanitario, Amnistía Internacional (AI) da la bienvenida a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción nº 1 de San Sebastián para determinar si los hechos pueden haber sido constitutivos de delito. La organización pide que se garantice que se realiza una investigación pronta, imparcial, exhaustiva e independiente, tal y como exigen los estándares de derecho internacional que aclare si hubo malos tratos o tortura en este caso.
La organización considera poco adecuadas las declaraciones del Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asumiendo la versión de la Guardia Civil sobre esta detención y el trato al detenido, y declarando que los agentes de la Guardia Civil emplearon "la fuerza reglamentaria", sin haber realizado ningún tipo de investigación interna exhaustiva sobre estos hechos y mientras está en marcha una investigación judicial. Tal actuación no sirve para establecer la verdad y puede contribuir a fortalecer el clima de impunidad que existe en muchos de los actos de tortura y malos tratos cometidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
“La actuación más razonable que se puede llevar a cabo es la de investigar pronta e imparcialmente. Existe la obligación según el derecho internacional de investigar todas las alegaciones de abusos y violaciones de derechos humanos, y por tanto, es deber de los jueces y los fiscales y los departamentos internos de las Fuerzas de Seguridad del Estado el buscar las pruebas pertinentes y corroborar o desmentir las alegaciones”, asegura Nicola Duckworth responsable para Europa del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. La obligación de investigar las alegaciones de tortura y malos tratos Amnistía Internacional se dirigirá por carta al Ministro del Interior para recordar una vez más la obligación del Estado español en relación con la prevención, investigación y castigo de la tortura y otros malos tratos, así como la necesidad de que el Gobierno español reforme el sistema de investigación de las denuncias de violaciones graves de derechos humanos. Esta investigación debe correr a cargo de personal competente, imparcial e independiente de los presuntos autores y del organismo del que dependen. La ausencia real o percibida de imparcialidad puede constituir asimismo una violación de los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que imponen a los Estados Partes la obligación de llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y malos tratos.
Amnistía Internacional recuerda que la Fiscalía, por su parte, debe iniciar procedimientos criminales cuando haya evidencias de tortura y malos tratos, incluso en ausencia de denuncias.
Las autoridades judiciales deben garantizar también que se lleven a cabo investigaciones objetivas e imparciales, que los denunciantes sean protegidos eficazmente contra posibles intimidaciones o represalias, y que las víctimas sean reparadas convenientemente.
Y por último, las autoridades policiales deben incoar procedimientos internos contra funcionarios sospechosos, alertar a las autoridades competentes de cualquier conducta delictiva, y aplicar las sanciones disciplinarias pertinentes cuando se determine la culpabilidad en casos de tortura, malos tratos o uso excesivo de la fuerza.
Amnistía Internacional reconoce que la reputación de la gran mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que cumplen su deber con profesionalidad, se ve empañada injustamente por los actos de aquellos que son responsables de malos tratos y torturas. AI reconoce también que en ocasiones muchos funcionarios se enfrentan a diario a situaciones peligrosas y en ocasiones demuestran un gran valor y generosidad en el desempeño de sus tareas. Las autoridades deben prestarles todo su apoyo cuando es así, al tiempo que deben transmitir el mensaje claro de que otros comportamientos, como la comisión de torturas y malos tratos, no serán tolerados. Información de contexto La falta de medidas de los sucesivos gobiernos españoles para tratar el problema está exacerbando un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, según denunció Amnistía Internacional en el Informe “España: Sal en la herida: La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos” publicado en noviembre pasado.
Amnistía Internacional no cree que en España se torture de forma sistemática, pero le preocupa la frecuencia de las denuncias de torturas, que no se puede atribuir en todos los casos a una estrategia de los detenidos para minar la credibilidad moral de las autoridades. Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional indican que los casos de malos tratos y torturas en España no son hechos aislados, sino ejemplos de deficiencias estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, investigación y castigo de la tortura y otros malos tratos. Por ello Amnistía Internacional ha recomendado, entre otras medidas, la creación de un mecanismo de investigación independiente e imparcial y la introducción de videocámaras de circuito cerrado en todas las zonas de las comisarías.
