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AI pide al Parlamento que no apoye la reforma sanitaria hasta que el Gobierno no evalúe los efectos que pueda tener en colectivos vulnerables

Autor: Popicinio_01 bajo licencia cc by-sa 2.0
  • Pide a los diputados, a través de www.actuaconamnistia.org, que frenen cualquier reforma que vulnere el derecho a la salud
Con motivo de la reforma sanitaria, Amnistía Internacional se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, para pedirles que no convaliden el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el Gobierno no demuestre haber cumplido con sus obligaciones internacionalesLimitar la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto, supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria puede poner en peligro su vida y su bienestar, incrementar el coste de un futuro tratamiento de urgencia, y también puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidadAmnistía Internacional lamenta algunos de los discursos utilizados por algunos miembros del Gobierno y del Partido Popular, donde se acusa a las personas inmigrantes de una utilización indebida de los servicios de saludTodas estas medidas se han tomado sin que el Gobierno haya aportado un análisis transparente sobre el potencial impacto que esta reforma podría tener en la salud de otros colectivos vulnerables

Dirígete a los grupos parlamentarios a través de www.actuaconamnistia.org, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción en la que la ciudadanía se puede dirigir a los grupos parlamentarios para que paralicen el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el gobierno adopte las siguientes medidas
  • Asegurar la no regresividad del acceso a la salud, garantizando el acceso a la salud para las personas migrantes en situación irregular.
  • Actualizar y publicar datos desagregados relativos a indicadores de derechos humanos que permitan conocer la situación actual de la sanidad.
  • Demostrar que cualquier medida se aplica tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas.
  • Asegurar que ninguna medida que se adopte comprometa los elementos esenciales del derecho a la salud como la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad, tanto física como económica del mismo.
  • Elaborar y publicar un análisis sobre el potencial impacto adverso que las medidas de reducción de gasto público en salud podrían tener sobre el derecho al más alto nivel posible de salud, especialmente sobre los grupos en situación de vulnerabilidad social.

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