Amnistía Internacional cree que, como resultado de sus actividades legítimas, las autoridades migratorias decidieron confiscar su equipo fotográfico de manera arbitraria, como represalia y para evitar que Ireneo siga documentando los abusos cometidos contra los migrantes.
“El trato a Ireneo Mujica es inaceptable en un Estado de derecho que tiene la obligación de respetar y proteger la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos” dijo Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
El 17 de julio de 2010, Ireneo Mujica acompañaba a un grupo de migrantes irregulares que viajaban en un tren de carga por el estado de Puebla cuando agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía municipal local detuvieron el tren y arrestaron a los migrantes. Cuando las autoridades se dieron cuenta de que Ireneo Mujica estaba filmando los hechos, le exigieron que entregara la cámara. Cuando él se negó, Ireneo fue sometido a una paliza por varios agentes.
A pesar de las heridas sufridas por el periodista y de ser abandonado en la localidad de Soltepec, en el estado de Puebla, Ireneo logró trasladarse a las oficinas del INM en la ciudad de Puebla, donde inició una huelga de hambre exigiendo el retorno de su equipo y una investigación del asalto del que fue objeto. Ireneo también presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El mismo día, la policía municipal lo arrestó y lo metió en un vehículo policial, transportándolo por toda la ciudad. Luego de amenazarlo con presentar cargos contra él, Ireneo Mujica fue dejado en libertad. Él decidió reiniciar su huelga de hambre en las puertas de la oficina del INM, donde mantiene su acto de protesta.
En 2008, Ireneo Mujica fue detenido temporalmente por efectivos de la Marina mexicana, durante un operativo en un tren de carga en Oaxaca, destinado a detener migrantes. Ireneo Mujica filmó a los efectivos militares cuando golpeaban a los migrantes, por lo que fue arrestado y amenazado con un juicio por los cargos de tráfico de personas.
Como resultado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación contra la Secretaría de Marina, pero ningún efectivo ha sido formalmente procesado. Para más información, véase:
- INFORME"Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México", Amnistía Internacional, abril de 2010;
