En el marco del incesante número de víctimas civiles en Afganistán, Amnistía Internacional hizo un llamamiento al gobierno para que redoble sus esfuerzos para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos con ocasión del examen del historial de derechos humanos del país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el examen periódico universal de Afganistán, que se llevó a cabo la semana pasada, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU subrayaron que el gobierno afgano debe hacer más en lo relativo a introducir un mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, aplicar las leyes existentes, mejorar la participación de las mujeres, y proteger a la población civil en el conflicto.
“Se han observado algunos avances positivos en cuanto a derechos humanos, pero el gobierno afgano puede hacer mucho más para cumplir sus compromisos internacionales en esa materia”, ha afirmado Samira Hamidi, responsable de campañas para Asia meridional de Amnistía Internacional.
“Un área de preocupación clave es la grave situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, que hacen frente a una situación aún más precaria al haber aumentado las amenazas de las que son objeto. Es necesario y urgente asimismo investigar y enjuiciar con mayor firmeza con el fin de garantizar la rendición de cuentas por abusos y violaciones de derechos humanos. Por último, el proceso de paz actualmente en curso debe garantizar el respeto de los derechos humanos y los derechos de las víctimas en virtud del derecho internacional, y abordar otros abusos y violaciones graves de derechos humanos.”
En los primeros nueve meses de 2018, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, 2.798 civiles perdieron la vida y 5.252 resultaron heridos. Las víctimas civiles fueron causadas principalmente por ataques de grupos armados, pero también hubo ataques aéreos de fuerzas gubernamentales e internacionales.
Aunque las cifras de víctimas civiles siguen alcanzando niveles cercanos al máximo, los países europeos han seguido llevando a cabo devoluciones de nacionales afganos vulnerando el principio de no devolución, poniendo de este modo a esas personas en riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Según una encuesta publicada por la Organización Internacional para las Migraciones en mayo de 2018, hay más de 3,5 millones de personas desplazadas en Afganistán. Uno de cada seis nacionales afganos en el país es una persona internamente desplazada o retornada.
“Es fundamental que el gobierno afgano establezca como prioridad la protección de la población civil y el apoyo a las personas desplazadas. Asimismo, el gobierno debe dejar de cooperar con las devoluciones, dejar claro que se pone en peligro a las personas devueltas, e instar a la comunidad internacional a que ponga de inmediato a estas devoluciones”, ha manifestado Samira Hamidi.
Información complementaria
El examen periódico universal (EPU) es un examen periódico del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU. El EPU es una innovación considerable del Consejo de Derechos Humanos, y se basa en la igualdad de trato a todos los países. Brinda a todos los Estados la oportunidad de declarar qué acciones han adoptado para mejorar la situación de los derechos en sus respectivos países y de superar los desafíos para el disfrute de los derechos humanos.
La información sobre el examen periódico universal de Afganistán puede consultarse aquí.
Amnistía Internacional presentó una lista de recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán antes del examen de los Estados en el EPU. Las recomendaciones pueden encontrarse aquí.
