En respuesta a la doble ejecución pública llevada a cabo por los talibanes ayer, Livia Saccardi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional, ha manifestado:
“Nos oponemos a todas las ejecuciones porque son una violación del derecho a la vida. Los talibanes las efectúan en público repetidamente, lo que constituye una grave afrenta a la dignidad humana, así como una violación del derecho y las normas internacionales que no se puede consentir.”
“Amnistía Internacional reitera que las autoridades de facto talibanas deben detener de inmediato todas las ejecuciones y abolir la pena de muerte y otras penas crueles, inhumanas o degradantes. Las ejecuciones en público agravan la crueldad inherente de la pena de muerte y ejercen un efecto deshumanizante en la víctima y embrutecedor en quienes las presencian. Mientras tanto, la protección del derecho a un juicio justo bajo las autoridades de facto talibanas sigue siendo altamente preocupante.”
“Ya es hora de que la comunidad internacional y la ONU aumenten la presión sobre las flagrantes violaciones de derechos humanos que cometen los talibanes y contribuyan a garantizar el respeto de las salvaguardias internacionales en Afganistán.”
Información complementaria
El 22 de febrero, los talibanes llevaron a cabo una doble ejecución pública en un estadio de la ciudad de Gazni, en el sureste de Afganistán, donde miles de personas presenciaron el fusilamiento de dos condenados a manos de los familiares de sus víctimas.
Los dos ejecutados eran Syed Jamal, de la provincia central de Wardak, y Gul Khan, de Gazni, al parecer responsables de apuñalar hasta la muerte a dos personas, en dos ataques independientes. El departamento de Cultura e Información de la provincia de Gazni declaró en un comunicado que la decisión se tomó de acuerdo con el decreto del líder talibán Haibatullah Akhundzada y las sentencias de tres tribunales.
Amnistía Internacional ya había condenado previamente la reanudación de las ejecuciones públicas en Afganistán tras el ascenso de los talibanes al poder. El año pasado, en su informe anual sobre la pena de muerte, Amnistía Internacional documentó el mayor número de ejecuciones judiciales registradas en todo el mundo desde 2017. A día de hoy, 112 países han abolido totalmente la pena de muerte y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o en la práctica. La organización lleva desde 1977 haciendo campaña en favor de su abolición total.
