El lunes 10 de marzo cientos de monjes iniciaron una marcha desde el monasterio de Drepung hacia Barkhor. Otro grupo, en el que iban los 15 monjes ahora detenidos, iniciaron la marcha desde el monasterio de Sera. Los monjes pedían al gobierno que relajase la campaña de “reeducación patriótica”, en virtud de la cual tienen obligación de denunciar al Dalai Lama y les somete a propaganda gubernamental. Otros monasterios se sumaron a las protestas en apoyo de los detenidos. También otras personas ajenas al clero se unieron a las manifestaciones, que se extendieron por Lhasa y otras partes de Tíbet, así como a las provincias vecinas de Qinghai, Gansu y Sicuani, donde hay una población importante de tibetanos. El viernes 14 las protestas desembocaron en violencia, y algunos manifestantes incendiaron comercios de propiedad china y atacaron a personas de otros grupos étnicos. Las autoridades chinas instaron a los manifestantes a entregarse antes de la medianoche del lunes 17, y prometieron un trato indulgente a quienes así lo hicieran. Hay informes de que la policía y los soldados están llevando a cabo registros casa por casa en Lhasa. Algunos testigos han informado de que algunas personas han sido sacadas de sus casas a la fuerza. También hay informes de que la policía y los soldados chinos han hecho uso de fuerza excesiva, incluida fuerza letal, contra los manifestantes tibetanos en Lhasa y en otras zonas. Las autoridades chinas han impuesto un bloqueo casi total sobre la información procedente de Tíbet y de las áreas vecinas. Desde el 12 de marzo no se da permisos a los periodistas que deseaban entrar en Tíbet.
Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber que tiene el gobierno chino de defender a todas las personas y propiedades frente a la violencia, y lamenta los ataques de motivación racial que se han producido. Al mismo tiempo, el derecho internacional exige a las autoridades que aborden este tipo de crisis respetando los derechos humanos fundamentales y los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Por ello Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que:
- Liberen inmediatamente a estos 15 monjes como al resto de las personas detenidas en Tíbet y en provincias vecinas por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.
- No sometan a los detenidos a ningún tipo de tortura o maltrato, que tengan acceso a un abogado y a asistencia médica, que sean llevados ante un tribunal independiente, que se les imputen cargos internacionalmente reconocidos, y que sean juzgados de acuerdo a las normas internacionales de juicios justos.
- Permitan a la ONU investigar de forma independiente lo ocurrido en las últimas semanas, con acceso total a los lugares afectados, a los testigos y a los detenidos. También los periodistas, observadores independientes y ONG de derechos humanos deberían tener acceso a Tíbet y otras zonas vecinas.
